La Junta tiene paralizados 5.000 expedientes de formación, según la patronal del sector

En un comunicado remitido a los medios de comunicación a raíz de la publicación del listado de las exoneraciones en la justificación de ayudas de los cursos de formación para el empleo concedidas por la Junta en los últimos años, CECAP ha acusado al Ejecutivo andaluz de «faltar a la verdad cuando afirma que los expedientes de los cursos no están justificados».

Según esta patronal, en un «altísimo porcentaje» las más de 1.100 entidades que aparecen en ese listado y, en concreto, los expedientes (unos 3.000), «ya estaban justificados y entregados en tiempo y forma», pero la administración tardaba recurrentemente años y años en revisar y liquidar, por lo que recurrió a la exoneración.

En este sentido, CECAP ha precisado que la Junta no exonera de la obligación de justificar los gastos acometidos por las entidades beneficiarias de fondos de formación incluidas en el citado listado, sino que permite que la falta de resolución administrativa no impida que se puedan resolver nuevas resoluciones o expedientes anteriores.

Por tanto, ha insistido en que la Junta «miente» porque «sabe mejor que nadie que la situación actual ha llegado como consecuencia de la parálisis administrativa, que impide que miles de expedientes justificados en tiempo y forma aún no estén revisados, resueltos y liquidados».

Precisamente, ha denunciado que esta situación ha provocado el cierre de centenares de empresas de formación en los últimos años, el despido de miles de trabajadores y concursos de acreedores y embargos.

CECAP ha censurado que Andalucía sea la única región de España que no ha convocado formación para desempleados en los dos últimos años, y se ha preguntado por el destino de las transferencias millonarias que ha recibido la Junta del Estado para la formación.

También ha criticado al consejero de Educación, Luciano Alonso, por «menospreciar» a las empresas del sector «alimentando un sector público sobredimensionado con empresas públicas y administración paralela».

Por eso, ha expresado su rechazo a cualquier normativa que impida a la empresas privadas participar en la formación para el empleo, y ha reprochado a la Junta que no haya desarrollado la normativa que permite a la iniciativa privada desde hace más de dos años llevar a cabo formación sin financiación pública «como opción ante la falta de oferta formativa gratuita».

Asimismo, CECAP, que representa a más de 300 centros de formación andaluces, ha lamentado el perjuicio que le causa a las empresas de formación convertirse en el «epicentro de una batalla política interesada» y, aunque ha defendido la labor de estas empresas, ha admitido que en numerosos casos se ha podido realizar una mala gestión, llegando a actuaciones delictivas, que condena y solicita que se haga justicia.