UGT culpa a la Junta de las exoneraciones en las ayudas a formación

Ha incidido en que,«si alguien ha hecho dejación de funciones, no se trata de UGT-A», ya que -ha alegado- el «control, revisión y verificación de las justificaciones es una labor que debe desempeñar la Junta y es a esta institución a la que corresponde dar explicaciones si hubiera retrasos o incidencias».

Por tanto, UGT ha precisado que «no se puede confundir la obligación de los beneficiarios de justificar documentalmente los programas con la revisión y verificación de esa justificación, papel que corresponde a la Administración».

De hecho, ha señalado que la Junta ha admitido que ha habido un volumen ingente de documentación y ha faltado una mayor capacidad para poder resolver y acabar la verificación de los expedientes.

De los 2.769 expedientes exonerados, 25 corresponden a UGT, de los que diecinueve fueron presentados para su verificación en tiempo y forma y otros tres todavía están en fase de ejecución con lo que las justificaciones no se pueden realizar hasta su conclusión.

En otros tres casos, el sindicato renunció a desarrollar los programas por falta de tiempo para su ejecución, según ha informado el sindicato.

Además, ha aclarado que en los nueve meses de gestión de la actual Ejecutiva de UGT Andalucía la Junta no les ha exonerado nada.

Asimismo, UGT ha matizado que no cobra comisiones ni obtiene beneficio económico alguno al impartir los cursos de formación, ni tampoco «disfruta de ningún tipo de privilegio a la hora de obtener subvenciones públicas para la formación».

Si hasta ahora UGT Andalucía ha sido la organización que más cursos ha impartido «ha sido porque su oferta formativa es la mejor de todas las presentadas», ha sostenido.

Actualmente, UGT-Andalucía cuenta con 125 aulas y talleres homologados en 46 centros de formación distribuidos por todas las provincias andaluzas.

También ha dejado claro que en la investigación de los cursos de formación «no hay ni un solo sindicalista de UGT Andalucía imputado», y ha recordado que la lista hasta ahora está compuesta por empresarios y exmiembros de la Administración andaluza.