política
Empresas de formación demandan a la Junta de Andalucía por incluirles en la «amnistía»
Exigen por la vía del contencioso que se verifique oficialmente que los expedientes de los cursos están justificados
josé cejudo
Empresas que pertenecen a la Asociación de Entidades de Formación y Empleo de Andalucía (Cecap) están utilizando la vía del contencioso administrativo contra la Juntapara obligar al Gobierno que preside Susana Díaz, y en concreto a la Consejería de Educación, a que resuelva los expedientes ... relativos a los cursos de formación, con un doble objetivo, demostrar que están justificadas las ayudas y conseguir el pago de las mismas.
La difusión por parte del Gobierno andaluz de la lista de entidades a las que se eximió de justificar las subvenciones para cursos de formación ha provocado la sorpresa de muchas empresas que habían presentado su documentación en regla y que ni siquiera sabían que se les había aplicado este trato de favor. En este sentido, algunos empresarios aseguraron a ABC que se sentían «utilizados» por la Junta para justificar una «amnistía» que beneficiaba a otras entidades.
El presidente de Cecap en la provincia de Sevilla, Fernando Parejo, dio ayer a ABC su opinión sobre la polémica suscitada al conocerse que la Junta había eximido a más de 1.000 entidades de justificar el uso de las subvenciones para cursos de formación en los últimos años, entre 2009 y 2012, lo que técnicamente se conoce como exoneración. Según Parejo, la exoneración tenía sentido hasta el año 2012, porque hasta ese año la Administración «estaba pagando». Entonces, para pagar una subvención de 2012 tenía que haberse procedido a la liquidación de los ejercicios anteriores, previa verificación de los datos aportados por las empresas. Dado que la Junta no llevaba a cabo tales revisiones, procedía de oficio «a exonerar para poderte pagar el anticipo de la siguiente subvención».
Cecap emitió ayer un comunicado en el que subraya que las exoneraciones se han utilizado «para tapar la falta de gestión y diligencia, en formación, de la Junta de Andalucía», al tiempo que considera que el Gobierno andaluz «falta a la verdad cuando afirma que los expedientes no están justificados».
Empresas de formación demandan a la Junta de Andalucía por incluirles en la «amnistía»
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