Puertas abiertas a la fuga de cerebros

El Estado gasta ingentes cantidades de dinero en formar cada año a futuros investigadores, pero no se encarga de explotar su inversión. Son los países europeos los que aprovechan nuestro esfuerzo, «importando» cerebros españoles cuando están listos para empezar a crear riqueza.

«Los mejores de cada promoción se marchan cada año. Todo son trabas a la contratación de investigadores , y especialmente de jóvenes cuando lo hay que hacer es protegerlos», clama el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Rafael Delgado. PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos coinciden en que la innovación es la mejor garantía para que una economía crezca de manera sostenida, pero se conforman con lanzar promesas vagas en esta materia.

Empleo público, planificación y regulación estatal son el eje de las cuatro propuestas, dejando fuera de la ecuación lo sustancial.«Las medidas concretas, y no siempre populares, que necesita la ciencia ni aparecen en los programas electorales ni acaban por implementarse, como cambios en la carrera funcionarial, independencia presupuestaria y desarrollo de un modelo de gestión del dinero público basado en la confianza y rendición de cuentas », advierte el director general de la Fundación Cotec, Jorge Barrero.

«Los programas electorales son más una declaración de intenciones que un contrato con la sociedad», lamenta. El pacto por la ciencia y la promoción de la colaboración público-privada, en que coinciden todos los sectores, no pasará de cantos al sol sin estas medidas. Los cuatro partidos prometen también un presupuesto creciente, pero ninguno explica de dónde sacará el dinero y yerran en lo fundamental.

«No se trata de una cantidad determinada. Si el dinero se pone mal, por mucho que se ponga, siempre se va a necesitar más. Hay demasiado dinero para invertir en equipos pero muy poco para contratar investigadores que los usen. Es una auténtica aberración », remacha el profesor Delgado, echando en falta promesas políticas que pongan fin a este sinsentido.

«Hay que orientar la investigación hacia la aplicación real, dejar libertad para que el investigador emplee los fondos y controlar después que cumple los objetivos. El que no los cumpla, que no vuelva a recibir financiación. Sin embargo, en España se hace lo contrario. Se controla cada gasto, pero nadie evalúa si el proyecto es de interés o alcanza sus objetivos», deplora.