Acuerdo entre los afectados del Plan Almonte Marismas y el Partido Popular para la compensación tras el 2D

Se refiere González a la proposición de Ley presentada por el PP y aprobada en junio, una medida que obliga al Gobierno andaluz a crear una comisión de trabajo que «ponga fin a esta problemática», a saber, el agravio al que se vieron sometidos quienes a finales de los 90 optaron por retirarse de las tierras que venían trabajando dentro del Plan.

El fracaso del Plan Almonte Marismas acabó con la firma en 1997 de un acuerdo entre los agricultores y cooperativistas y la Junta de Andalucía por la cual aquellos podían continuar explotando las tierras o bien optar por su retirada de las mismas. Quienes optaban por la continuidad tenían estipuladas una serie de condiciones: precio de las tierras a valor de mercado más las mejoras permanentes cobradas en 1991, imposibilidad de vender las tierras hasta pasados ocho años desde la entrega de las escrituras, constitución de una comunidad de regantes, racionalización del riego, el pago de las deudas con el IARA (Instituto Andaluz de Reforma Agraria) y el IFA (Instituto de Fomento de Andalucía) y en caso de que alguien lo solicitase, se estudiaría la posibilidad de ampliar la superficie a un precio nunca inferior al valor de mercado.

Quienes decidieron retirarse cobraron 570,97 euros por hectárea, vieron condonada las deudas con el IARA, pagaron su deuda con el IFA con parte del valor de las tierras y recibieron la liquidación de las mejoras de su propiedad. La mayoría, teniendo en cuenta el balance negativo que arrojaba la experiencia desde que se puso en marcha el Plan en los años 70, decidieron abandonar.

Desde entonces, quienes se retiraron denunciaron cómo la Junta de Andalucía incurría en continuos incumplimientos de las condiciones inicialmente pactadas con el fin, según aseguran, de favorecer a quienes firmaban por la continuidad. Así, la Comisión de Representantes de Sociedades Cooperativas del Plan Almonte Marismas aseguran que no se cobraron las mejoras –«fueron condonadas sin ley habilitante para ello»-, lo que supuso que a algunos acogidos a la continuidad «se les regalaran más de 10.421 euros por hectárea»; no se cobraron las listas cobratorias con el IARA y no se respetó el plazo de ocho años sin vender, «es más, algunos de forma inmediata y en el mismo día». Denuncian incluso que algunas hectáreas les fueron regaladas o cobradas muy por debajo del valor de tasación, lo que ha favorecido que quienes en principio se acogieron a la continuidad hayan vendido finalmente las tierras en condiciones mucho más ventajosas.

Los afectados por la ruptura de las condiciones iniciales emprendieron en 2004 una serie de contactos con representantes de la Junta de Andalucía con el fin de transmitir el «agravio» originado a los acogidos a la retirada y «que se buscara una solución política negociada», sin obtener resultados.

Acuerdos con grupos políticos con representación en el Parlamento –a excepción siempre del Psoe-, hasta cinco proposiciones no de Ley planteadas en este órgano –las dos últimos aprobadas, aunque sin recorrido alguno-, y finalmente la presentación por parte del PP y aprobación en el Parlamento de una proposición de Ley que obligaba al Gobierno a crear una comisión que diese una solución definitiva al conflicto. Sin embargo, la disolución de la cámara andaluza a causa del adelanto electoral ha paralizado el desarrollo de las medidas pactadas.

«A partir del día 3 de diciembre, estos agricultores que han sufrido una de las mayores injusticias del gobierno socialista de la Junta no van a necesitar de instrumentos legales para lograr que se hagan realidad sus justas reivindicaciones, porque tienen el compromiso, la garantía y el respaldo del Partido Popular», ha remarcado el candidato popular.