Rebelión en el fútbol modesto español contra el Gobierno

La Federación Extremeña de Fútbol ha explicado en un comunicado los motivos para paralizar la competición el fin de semana del 14 y 15 de febrero. Como en el caso de Asturias, y aunque existen más reclamaciones, Extremadura, al igual que Castilla y León, Cataluña, Cantabria, Melilla, Ceuta, Tenerife, País Vasco y La Rioja, pide al Gobierno que tenga en cuenta las peculiaridades del fútbol aficionado y desarrolle una regulación propia para el sector. Los dirigentes federativos entienden que muchos clubes se verán abocados a la desaparición en el caso de que salga adelante la legislación que prepara el Ministerio de Empleo. En ella se obligará a la contratación laboral y la cotización al Régimen General de la Seguridad Social de todas las personas relacionadas con la actividad de los clubes, desde entrenadores y jugadores, a utilleros, monitores y colaboradores.

En este sentido, Andreu Subies, presidente de la Federación Catalana, ha recordado que los clubes deportivos no son «entidades con ánimo de lucro» y que muchas de las personas que dedican su tiempo libre a la formación, entre ellos jubilados y personas en paro, «dejarían esta actividad si tuvieran que acogerse a estas obligaciones fiscales». El parón en esta Comunidad afectará a 3.000 partidos y unos 100.000 futbolistas.

Subies se ha referido a los clubes catalanes de Segunda B y de Tercera División que han comenzado a sufrir inspecciones fiscales. «Diez clubes han sido ya inspeccionados. Es por ellos que hacemos este parón», ha explicado.

José Ángel Peláez, presiente de la Federación Cántabra, ha afirmado que «la adopción de estas medidas tan agresivas y poco o nada explicadas van a significar la desaparición de multitud de equipos de todas las disciplinas». Por ello, ha reclamado «una moratoria en la aplicación de estas normas para comenzar a estudiar la aprobación de una ley que regule el deporte aficionado, basada en la realidad que vive frente al profesional».

Pero además de este problema, el fútbol modesto también protesta por la supresión de la subvención que recibía procedente del 1 por ciento de las quinielas. Cantidad que llegaba a través de la Federación Española, a la que el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha cortado el grifo por su negativa a mostrar las cuentas. Las Territoriales caminan en esta «guerra» de la mano de la Federación Española, que mostraba públicamente su apoyo a la Asturiana después del paro del pasado fin de semana.

Subies ha sido más explícito al criticar directamente al secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, al que ha acusado de «no defender los intereses del deporte de base». «La fiscalización del deporte la tienen que hacer los clubes y yo estaré con lo que los clubes decidan», ha añadido.

Haciendo causa común con la RFEF en el pulso que también mantiene con la Liga de Fútbol Profesional (LFP) , la Federación Extremeña también se muestra en su comunicado en desacuerdo con el reparto por la comercialización de los derechos audiovisuales de las competiciones profesionales que se está proyectando para el fútbol aficionado por parte del CSD y la LFP. En este sentifo, la Federación de La Rioja justifica el parón del próximo fin de semana en que el proyecto de Real Decreto sobre comercialización centralizada «obvia por completo los intereses del Fútbol aficionado» y se hace «a espaldas de la Federación Española y sus territoriales» a pesar de que ellas son las titulares de las competiciones. Los dirigentes de esta Comunidad entienden que el CSD ha realizado «una injerencia» en la RFEF, «con su inevitable incidencia sobre las propias Federaciones Territoriales».

Además de las nueve que han confirmado ya el parón, otras federaciones territoriales podrían unirse en los próximos días a este «motín». Tampoco es descabellado pensar en un paro a nivel nacional. La Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha (FFCLM) ha convocado para este miércoles a los clubes de la región para informarles sobre la situación del fútbol aficionado tras el anuncio del Gobierno de la adopción de actuaciones en el ámbito fiscal y de la seguridad social a los clubes.