La Generalitat rectifica y revocará la adjudicación de ATLL a Acciona

En enero de 2013, el OARCC, organismo que depende del propio gobierno catalán, anuló la adjudicación de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL) al consorcio formado por Acciona y el fondo brasileño BTG Pactual al considerar que su oferta no se ajustaba a las condiciones fijadas por el pliego de condiciones. Esa decisión, que cuestionaba la mayor privatización de la historia de la Generalitat, valorada en unos 1.000 millones de euros, ha derivado en toda una batalla judicial entre Acciona y Aguas de Barcelona (Agbar), la otra empresa competidora en el concurso, que aún no se ha resuelto en firme en los tribunales.

Así, tanto la Generalitat como Acciona y su socio solicitaron la adopción de medidas cautelares para no ejecutar la resolución del OARCC, mientras que Agbar ha reclamado desde un primer momento que se acate la decisión de este organismo y se excluya de inmediato a Acciona de la gestión de ATLL. Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) aún no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, tanto este tribunal como el Supremo han rechazado las cautelares solicitadas para dejar sin efecto la resolución del OARCC, informa Efe.

Tras el último revés judicial, el consejero Santi Vila ha anunciado que la mesa de contratación analizará si hay que asignar el contrato de ATLL a Agbar, el otro operador que se presentó al concurso, o declararlo desierto y plantear uno nuevo. Sin embargo, dar marcha atrás en esta privatización puede suponer un grave perjuicio para las finanzas de la Generalitat y para su déficit de este año -que era de un 1,3 % del PIB hasta agosto, tres décimas más de lo permitido para todo el año-, puesto que esta privatización le supuso unos ingresos extraordinarios de unos 1.000 millones de euros que le ayudaron a rebajar su déficit de 2012.

En concreto, la Generalitat recibió a finales de 2012 casi 300 millones de euros de Acciona y sus socios y se apuntó contablemente otros 700 millones por los ingresos previstos durante los próximos 50 años por esa adjudicación. "Será responsabilidad de la mesa interpretar la sentencia y analizar cómo se le puede dar cumplimiento de manera rápida, siempre atendiendo al interés general ", ha señalado Vila en el comunicado. El consejero ha añadido que el objetivo es, "como no podía ser de otra manera, dar cumplimiento a las leyes, que es siempre la voluntad del Govern".