Arranca el juicio por la huelga indefinida en Panrico, que ya dura 122 días

Para ello, contratados y contratantes deberán ceder en sus posiciones. La Generalitat le solicita a la dirección de Panrico que retire la demanda presentada contra el comité de huelga . La empresa pide 5 millones de euros por las pérdidas generadas por el cese de la actividad en Santa Perpètua de Mogoda ya que considera «ilegal» esta huelga indefinida. Precisamente hoy se celebra el juicio contra diez miembros del comité de huelga en Sabadell.

Por otra parte, la Dirección General de Relaciones Laborales de la Generalitat pide al sindicato de Panrico, CCOO, que r eprenda el trabajo en la planta. Asimismo, también pide que se retire la impugnación del acuerdo , por parte de los trabajadores, al que llegaron en un principio sindicatos y dirección. En este convenio se preveían 745 despidos en España, 154 en la planta barcelonesa.

Para lograr el acuerdo, la consejería de Empresa y Empleo de la Generalitat se compromete a «tramitar y negociar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal » que facilite la viabilidad y la puesta en marcha de la planta de Santa Perpètua. Así pues, la Generalitat «estudiará la futura ocupabilidad y el número de extinciones en la fábrica de Santa Perpètua de Mogoda» para intentar rebajar el número de afectados por el ERE.

La resolución del acuerdo se conocerá el próximo lunes. Trabajadores y dirección de Panrico se han reunido durante más de cuatro horas para acabar de perfilar el acuerdo. La semana que viene se conocerá si la propuesta satisface a las dos partes, según informa EFE.

Por otro lado, la plantilla de la fábrica de Santa Perpètua tiene previsto presentar una demanda contra la empresa durante la semana que viene. El motivo de la querella es un presunto delito de injurias. Según los demandantes, algunas declaraciones publicadas en los medios atribuidas a fuentes de la compañía aseguraban que no podían confiar en que los trabajadores no envenenasen los donuts que producían .

Jaume Asens, abogado representante de los trabajadores, afirma que estas declaraciones tienen «un plus de gravedad» por haber sido publicadas en los medios de comunicación. «Las declaraciones proyectan una imagen de los trabajadores totalmente descalificadora y no están amparadas por la libertad de expresión porque tienen un contenido claramente injurioso que roza la calumnia» afirma Asens.