«He temido muchas veces por mi vida por defender mi tierra»

En 2020, Alberth Schneider, Antonio Bernárdez, Arnold Joaquín, Edwin Fernández, Félix Vásquez, Francisca Aracely, Gerardo Mizael, Iris Argentina, José Antonio Teruel, Karla Ignacia López, Laura Carolina Valentín, Marco Tulio Zavala, Marvin Damián Castro, Milton Martínez, Suami Aparicio Mejía y Vicente Zaavedra fueron asesinados por defender el medioambiente en Honduras. «Sufrimos el señalamiento y el odio por defender nuestra tierra, donde nacieron nuestros ancestros», añade la joven lenca en un evento organizado por la oenegés Alboan y Entreculturas dentro de la campaña «Defensoras de la Casa Común». En total 17 hondureños, casi el 10% del total de fallecidos por este motivo en los doce meses que completaron 2020. Pero estas cifras alarmantes no se han frenado, «sólo el año pasado 18 mujeres indígenas tuvieron que enfrentarse a la Justicia con sus hijos en brazos para defender lo que es su vida que es la naturaleza», añade Felicita, a los que hay que sumar 72 ataques.

La defensa del terreno en este país centroamericano tiene nombre, principalmente, de mujer y también el verde que tratan de proteger en muchas ocasiones se tiñe de sangre. «He temido muchas veces por mi vida», responde Felicita. Un estado de alerta constante y casi desde su nacimiento.

Con tan solo 5 años, esta hondureña se unió a sus abuelos en la defensa de «su vida». «Mis familiares se unieron a movilizaciones, a plantones y a la defensa del río Blanco. Las comunidades indígenas estaban siendo amenazadas». En 2011, Felicita conoció a Berta Cáceres, cofundadora del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) y líder y activista indígena lenca, asesinada en 2016 y que dejó una impronta importante en ella.

En una visita a la comunidad de Felicita, Cáceres advirtió de la concesión de tres proyectos hidroeléctricos. «Nos dimos cuenta de que el río Chinacla, que para nosotros es sagrado, estaba concesionado por parte de las autoridades del Estado y nosotros no sabíamos nada», recuerda. «Empezaron a hacer estudios topográficos, tapando caminos y nos van diciendo que no tenemos derecho de ir al río de dónde bebemos agua, dónde pescamos y dónde nos bañamos», apostilla.

Así se gestó el proyecto hidroeléctrico que «no cumplía con el Convenio 169», cuya piedra angular es el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y a participar en el proceso de adopción de decisiones que les afectan. «No se cumplió es más, fuimos acusados de narcotraficantes, de usurpadores de la tierra, aún habiendo crecido y nacido ahí nuestros abuelos y nosotros quedamos a vivir como hijos de nuestros ancestros», denuncia. «Es lamentable que las empresas extractivistas entren en nuestros territorios y que los estados también estas situaciones».

En esas protestas murió Juan Francisco Martínez que apareció sin vida con varias puñaladas en el pecho y las manos atadas con cordones de botas militares. Martínez era líder indígena lenca (la mayor etnia indígena de Honduras) de la comunidad de Tapuyman y miembro del MILPAH (Movimiento Indígena Independiente Lenca de la Paz). Años más tarde llegó el asesinato de Cáceres. «Berta contaba con medidas cautelares como yo y muchas veces dijo que la estaban persiguiendo y nunca se puso cuidado hasta que terminó asesinada un 12 de marzo de 2016», cuenta con preocupación Felicita.

Después del Golpe de Estado de 2009, organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que el Estado aprobó al menos 300 proyectos hidroeléctricos violentando los derechos humanos de los ciudadanos. «Los intereses del Estado respondían y responden a los de empresas transnacionales», denuncia. «Era muy lamentable, porque estábamos en un narcoestado que respondía a otros réditos».

El interés en los recursos mineros en Honduras ha crecido drásticamente en las últimas décadas; es así que, el número de concesiones mineras activas y pendientes superó el doble del área total de tierra destinada para la minería. «Nos dicen que van a traer el progreso y no llega», explica Felicita. Una denuncia que tiene su reflejo en los datos, en 15 años la minería contribuyó, en promedio, menos del 1% anual al PIB y fue el sector que empleó la menor cantidad de mano de obra en el país.

El activismo de María Felicita no solo se centra en la defensa del medioambiente, también de la mujer. La violencia contra las mujeres es una pandemia permanente en Honduras. Solo en los primeros cinco meses de 2022, unas 788 niñas fueron agredidas sexualmente, según datos que recopiló el Observatorio de Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CDM). «La tasa de feminicidios en mi país es lamentable», apostilla. «La violencia contra las mujeres está normalizada y te lo dice una persona que lo ha vivido como experiencia propia», añade.

Su primer episodio de este tipo se remonta a su infancia. Su primera vez en un juzgado fue con tan solo 15 años para defender los derechos de su hermana que recibió abusos sexuales por parte de su padrastro. Años antes, ella vivió los mismos episodios y «nadie me ayudó ni me escuchó».

No obstante, María Felicita es optimista con el futuro en su país: «El Gobierno, sabemos, que está intentando cambiar las cosas, pero hay que seguir trabajando. El territorio es vida, y de él vivimos. Si no lo defendemos no tenemos vida».