«Estuve meses sin poder pagar la luz y el agua porque el banco no me abría una cuenta»

Pero el caso de María no es el único. «Hemos detectado continuas irregularidades desde 2019», comenta Noelia Montagud, miembro del área de incidencia política y participación social de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Valencia. Aunque es complicado recopilar los motivos de los rechazos, «no los justifican por escrito» -advierte Montagud-, las razones esgrimidas por las entidades bancarias van desde la falta de documentos hasta el amparo de la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. «No les aceptan el pasaporte, cuando es un documento acreditativo de la identidad de la persona», explica la portavoz de CEAR en Valencia. «Hay mucho desconocimiento en las oficinas», añade.

Una ignorancia, pero no del producto «sino de la normativa», recuerda Montagud. El derecho a la inclusión financiera está garantizado por la Directiva Europea 2014/92. Esta normativa europea aborda las cuentas de pago básico e incluye en su articulado la no discriminación a la hora de acceder a este tipo de herramientas. «Cuando vas al banco y la pides, exigen un documento y que no sea la tarjeta roja (documento provisional que se entrega una vez que la solicitud de asilo del extranjero se admite a trámite)», responde María. «Y cuando llegas es lo único que tenemos y esto les vale para negarnos este derecho», apostilla.

Desde 2019, fecha en la que la normativa comunitaria se traspuso a la nacional con el Real Decreto-ley 19/2017 y con el Real Decreto 164/2019 -este último establece un régimen gratuito de este producto financiero en el caso de vulnerabilidad y exclusión social-, CEAR ha documentado más de 300 incidencias en el ámbito financiero, que solo muestran una pequeña parte del iceberg de la exclusión financiera, ya que «la gran mayoría de las situaciones discriminatorias quedan sin registrar», recuerda Montagud.

Este producto es la llamada cuenta de pago básica que «responde a la necesidad de promover la inclusión financiera en la Unión Europea, facilitando el acceso de los consumidores a los servicios bancarios básicos», señala el Banco de España en su página web. Además, las entidades se encuentran obligadas a ofrecer este tipo de cuentas sin condicionar su contratación a la suscripción de otros servicios, sino también a darlas a conocer e informar sobre sus características.

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«Te ponen miles de peros y te marean», comenta María. Al final, su entidad le abrió una cuenta, pero con una comisión de 60 euros. «Ellos sabían que yo era una persona recién llegada», advierte. Pese a que el Real Decreto de 2019 regula la gratuidad del acceso a las cuentas de pago básicas, las entidades bancarias demandan mucha documentación complementaria a las personas que la solicitan, ignorando que basta un informe de los servicios sociales que acredite esa vulnerabilidad. «Lo hacen de forma muy arbitraria y en muchas oficinas, ni los trabajadores saben de ello», informa Montagud. «Y en otros casos les han abierto una cuenta vinculada, por ejemplo, a un seguro de salud. Es ilegal».

Una búsqueda en Google y al instante aparecen varios resultados en las principales entidades de España. «Para contratar esta cuenta, el interesado deberá identificarse mediante la presentación de un documento fehaciente (DNI, pasaporte, tarjeta de residencia...) y acreditar su derecho de acceso a la cuenta, por ser residente en la Unión Europea o encontrarse en uno de los otros dos supuestos antes indicados. Si el interesado no es residente en España deberá firmar la oportuna declaración de residencia fiscal. Por otra parte, es obligatorio aportar la información requerida en cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, en particular la información relativa a la actividad económica realizada por el interesado», explica el Banco Santander en su página web.

«Los bancos no rechazamos las peticiones porque queramos, tenemos una normativa marcada por el Ministerio del Interior y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) que debemos cumplir», señalan fuentes del sector bancario. «Sí, vienen con el pasaporte pero en algunos casos no es el de la persona que viene a abrir la cuenta y por eso se rechaza», responden.

«España es un país muy bancarizado», destaca esta fuente del sector bancario. En concreto, según datos del Banco Mundial, el 98% de la población adulta española tiene una cuenta bancaria. Tan solo 689.697 no están bancarizadas (cerca del 2%). Una anomalía poco habitual, ya que para cada movimiento en el día a día se necesita un IBAN (código alfanumérico que identifica una cuenta bancaria).

Estar fuera del sistema financiero dificulta mucho las cosas al ciudadano ya que hay trámites que no se pueden realizar en efectivo. Pero sin una cuenta bancaria, no hay nómina, no hay domiciliación de recibos y «no hay opción a ayudas del Estado», revela la miembro del área de incidencia política y participación social de CEAR en Valencia. «Si no tienen una cuenta nominativa no pueden firmar un contrato y están mayor situación de vulnerabilidad».

Aunque se produce, según las organizaciones sociales, un nivel más de discriminación se en relación con la nacionalidad. «Se aduce la normativa contra el blanqueamiento de capitales o antiterroristas», comenta Noelia Montagud. «Seguimos la normativa, no miramos ninguna nacionalidad», aclaran desde el sector. «Se necesita una aclaración desde el Ministerio».

En los últimos años, 13 asociaciones y oenegés han denunciado 240 «irregularidades» de la banca ante el Defensor del Pueblo. «La esperanza está en el Proyecto de Ley por el que se crea la Autoridad Administrativa. Independiente de Defensa del Cliente Financiero». Esta norma tiene como objetivo crear una figura que dé respuesta a las reclamaciones de clientes de bancos, seguros, entidades de inversión, fintech y criptoactivos por la vía extrajudicial. Con ello, las organizaciones sociales esperan una mayor protección para los más vulnerables. «Ahora mismo a muchos los dejas en situación de exclusión financiera y social y eso tiene un impacto directo en sus vidas», sentencia Montegud.