Atentar contra el medio ambiente costará más caro

Un porcentaje de crecimiento que, también, tiene su reflejo en España, aunque desde 2017 se ha disparado. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), en ese ejercicio se registraron 72 delitos contra «recursos naturales y el medioambiente»; doce meses después, el número creció un 9,72% hasta alcanzar las 79 infracciones a finales de 2018. Sin embargo, la mayor diferencia se registró en 2019 al crecer un 11,39%.

La normativa europea señala en sus directivas que «se considera un delito contra el medioambiente cualquier acto que infrinja la legislación medioambiental y cause un daño o riesgo importante para el medio ambiente o la salud humana».

La revisión que plantea Bruselas pasa por aportar «claridad jurídica» a los crímenes medioambientales ya previstos, pero también busca ampliar la lista para incluir otras acciones perniciosas como el comercio ilegal de madera, el desguace ilegal de buques o la extracción de agua sin autorización.

En la actualidad, tras la actualización del Código Penal en 2015, los delitos ambientales en España se castigan con penas de prisión de seis meses a dos años, pero si «pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales» la sanción se eleva de dos a cinco años de prisión.

Pero, los dirigentes europeos quieren ir más allá y buscan la fórmula de que los Estados miembro reformulen sus normativas para aumentar el castigo a los infractores hasta los diez años de privación de libertad en los supuestos más graves que puedan causar la muerte o lesiones a la población y, además, más sanciones económicas.

«El medioambiente no conoce fronteras pero los delitos contra él tiene efectos negativos a través de los Estados miembro», apunta la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario y responsable de Justicia, Vera Jourova.

Más allá del castigo económico o penal, la Comisión Europea quiere dar un paso hacia adelante en cuanto a las multas a los infractores. La nueva norma, según han presentado sus promotores en Bruselas, incluiría otras formas de sanción como la obligación de quien contamina a reparar los daños causados a la naturaleza, mientras que en la caso de empresas supondría la prohibición de acceder a licitaciones o fondos públicos y, además, la retirada de permisos administrativos.

El pasado año, el Seprona, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil señaló que en todo 2019, el año previo a la pandemia, se detuvo e investigó a un total de 4.234 personas por delitos ambientales. Además, en ese mismo periodo se tramitaron más de 107.000 infracciones administrativas e investigaron 4.089 delitos contra el medio ambiente.

Los delitos, según los datos de la Guardia Civil, que más han aumentado son los relacionados con la defraudación y distracciones de agua y los delitos de maltrato animal. En su memoria, por su parte, la Fiscalía General del Estado recoge que los tribunales españoles emitieron un total de 57 sentencias condenatorias en materia de medio ambiente en 2019, además condenaron 290 delitos contra la flora y fauna, 136 por incendio forestal y 293 por malos tratos a animales domésticos.

Números que, a pesar de la llegada del SARS-CoV-2 y el confinamiento total de prácticamente medio ejercicio, crecen. En 2020, los juzgados españoles emitieron un total de 60 sentencias condenatorias por delitos contra el medio ambiente, 232 en materia de flora y fauna, 63 por incendio forestal y 197 por malos tratos a animales domésticos.

Esta información se enmarca en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 15.