Golpe sobre la mesa de los constructores: «La administración nos tiene asfixiados»

«¿Qué pasa con el personal, qué pasa con los subcontratistas?», se preguntaron este martes las patronales constructoras, que han decidido plantar cara a la morosidad rampante de las administraciones canarias. «¿Qué ha hecho usted con nuestro dinero?», insistía María Salud Gil , presidenta la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas (AECP), que compareció con los representantes de la provincia occidental, Ángeles Palmero y Óscar Izquierdo, vicepresidente y secretario general de Fepeco, quienes coincidieron en señalar la situación preocupante del sector.

Su reclamación se centra en la ingeniería contable que permite a algunas administraciones una morosidad cada vez más acentuada, mientras que «si el día 31 del mes la empresa no ha pagado a la Seguridad Social, al día siguiente ya le están cobrando intereses», según protestó Ángeles Palmero, que además explicó cómo se cierran otras vías de financiación, ya que las entidades financieras «no quieren el endoso de certificaciones».

Frente a un paro que alcanza en las Islas cotas dramáticas de más del 30 por ciento, entiende el consejo regional de la construcción que no hay mejor manera de alimentar esa negativa cifra que dejar morir a más empresas del sector. «Está desapareciendo el tejido empresarial canario, y buena culpa la tienen las administraciones , ya que es un proceso de ahogamiento. Tengamos en cuenta que sin empresas, no hay empleo, y que los países que están consiguiendo alguna salida a la crisis, es porque recuperan la construcción», afirmó Oscar Izquierdo.

Los constructores, que se reunieron con empresarios del metal y del transporte que comparten su preocupación, están dispuestos a endurecer las acciones colectivas a emprender para resolver este problema, que además «genera un contagio en cadena». Así, ya han promovido la solicitud de información al gobierno canario, central, ayuntamientos y cabildos sobre la práctica contable de las licitaciones de obras ante el proceder adoptado de bajar el precio en las adjudicaciones, que llega a descender hasta un 70 por ciento del valor de la obra en algunos casos.

Con esta práctica, a lo largo de 2011 y entre enero y septiembre de este año, han «desaparecido» 60 millones de euros que los constructores quieren saber «adónde han ido a parar». «¿Qué práctica contable tiene usted?», se preguntó Salud Gil, «¿dónde está el dinero de las obras que ha licitado pero no ha pagado?».

La ley de morosidad permite medidas colectivas para denunciar prácticas abusivas, por lo que ahora se proponen reunir la deuda de todos los empresarios de la construcción y negociar «para el bien de todos».

Según Gil, en los dos últimos años, los constructores de Las Palmas han presentado 79 recursos, que se han resuelto con éxito para el sector en un 60 por ciento de los casos, por lo que se ha demostrado que esta es la vía adecuada para resolver el problema, si bien ante el «estancamiento» que se ha producido en la morosidad, que «roza lo insoportable», es preciso actuar ahora como colectivo, insistió.

Los constructores, en una primera instancia, se han dirigido a los organismos públicos, pero a continuación adoptarán medidas colectivas "más drásticas" recogidas en la ley de morosidad , con el fin de denunciar las prácticas abusivas.