RTV Aragón licita contratos por 69 millones de euros con el Gobierno en funciones

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) ha licitado cuatro contratos por un importe total de 69,3 millones de euros. Son los relativos a la producción de informativos, de contenidos para programas de televisión y de explotación técnica de equipos y telecomunicaciones. Estos contratos salieron a licitación el 18 de mayo, cuatro días antes de las elecciones autonómicas. Según el PP, es el «colofón» a una «gestión económica absolutamente irresponsable» en la radiotelevisión aragonesa, que se puso en marcha hace seis años y que nació con el consenso entre el PP y el Gobierno regional PSOE-PAR.

El diputado del PP Antonio Suárez ha arremetido contra el director general de la CARTV, Ramón Tejedor, la consejera de Presidencia del Gobierno aragonés, Eva Almunia, y el jefe del Ejecutivo regional, Marcelino Iglesias. Los consideró corresponsables de esta licitación que, a pesar de ajustarse a la legalidad, el PP considera anómala.

Suárez reconoce que se han seguido los procedimientos reglados: el director general de la CARTV es el competente para contrataciones. Sin embargo, los populares afirman que no es ético convocar la licitación de contratos de esta envergadura «en plena campaña electoral», antes de que se produzca un cambio de Gobierno.

Hace unos días, pasadas ya las elecciones, este asunto centró el consejo de la CARTV. La sesión se celebró a petición del PP. Según los populares, tanto los representantes de CHA como de IU coincidieron en criticar el fondo y la forma de estas licitaciones. El representante del PAR también mostró ciertas reticencias, aunque sin compartir plenamente las tesis del PP.

En vigor a finales de año

En ese mismo consejo, la dirección general de la CARTV expuso sus argumentos. Explicó que son contratos que deben sacarse con tiempo suficiente, y algunos de ellos ya llevan los plazos muy ajustados. Uno de los más cuantiosos no se adjudicará hasta octubre, es decir, con el nuevo Gobierno. A finales de año tienen que entrar en vigor los nuevos contratos. El PP, sin embargo, sostiene que se debería haber esperado a que estuviera formado el nuevo Ejecutivo autónomo. Entre otras cosas —afirman—, porque estas adjudicaciones «hipotecarán» al futuro Gobierno, ya que son contratos que tendrán una duración de dos años y medio, más de la mitad de la legislatura.

«Ha sido una licitación absolutamente sectaria, porque se realiza por un Gobierno que está en funciones», afirma el diputado popular Antonio Suárez. Los populares estudian acciones legales para paralizar estos procesos de licitación, aunque reconocen que lo tienen complicado.