Dimite el alcalde de Boadilla del Monte tras su imputación en el «caso Gürtel»

El alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Juan Siguero, defendió ayer su «total y absoluta inocencia» tras hacerse pública su imputación en el «caso Gürtel» por presunto tráfico de influencias, negociaciones prohibidas y prevaricación. En un comunicado, redactado apenas unas horas después de que trascendiera su citación, el próximo miércoles, ante el juez Antonio Pedreira, el primer edil señalaba que con la finalidad de «aclarar inmediatamente su inocencia» es él quien se ha puesto a «disposición judicial», y recordaba que el «escrito de la Fiscalía se basa en una solicitud del Partido Socialista».

«El alcalde de Boadilla del Monte, Juan Siguero Aguilar, a raíz de lo publicado en diversos medios de comunicación, y en contacto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, le ha comunicado su intención de dimitir como alcalde», especifica la nota del Ayuntamiento.

Siguero era concejal de Hacienda hasta que sustituyó al entonces alcalde Arturo Gonzalez Panero cuando éste fue imputado en la presunta trama de corrupción. Además de los delitos antes citados, el instructor de «Gürtel» atribuye a Siguero los mismos que su antecesor, aunque en grado de cooperación necesaria. González Panero, imputado por cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad, acusó el pasado junio a Siguero de haber intervenido en todas las adjudicaciones de ese Ayuntamiento incluidas en el sumario de la trama de corrupción. «Por eso tendrían que investigarle más a él que a mí», llegó a asegurar el ex alcalde.

Por otra parte, la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirmó ayer la decisión del juez Pedreira de prorrogar otros dos años la prisión preventiva del presunto «cerebro» de la trama, Francisco Correa, el único imputado, junto con Pablo Crespo, que sigue en la cárcel. Como el instructor, los magistrados justifican su decisión en que «persiste el riesgo de fuga» y en la gravedad de los hechos que se le imputan, aunque reconocen que es «deseable que la instrucción finalice lo antes posible para la definitiva depuración de responsabilidades (...)».

La Sala destaca que en diversas conversaciones telefónicas —«cuya licitud ha sido expresamente declarada»— durante 2008 y principios de 2009 (justo antes de su detención), «se constató» que el imputado tenía intención de establecer su residencia en el extranjero, y que hizo «diversas inversiones inmobiliarias en Colombia y actividades en Panamá, habiéndose localizado activos superiores a 17 millones de euros en Suiza» y otros cuya cuantía todavía no se ha determinado en Estados Unidos. Además, añaden los jueces, Correa aparece como el «principal responsable de la red de corrupción objeto de investigación», y «no merece un trato igual que otros responsables imputados».

Contra la prisión de Correa

La decisión de la Sala ha contado con el voto particular del magistrado Emilio Fernández Castro, que considera que la decisión de Pedreira mantener al imputado en prisión no está motivada. «Ninguno de los seis brevísimos apartados (del auto de Pedreira) contiene el menor razonamiento que pueda responder de un modo medianamente aceptable o satisfactorio a lo que (...) ordena» la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la imposición de medidas privativas de libertad.