Cataluña ordena incumplir las sentencias sobre el castellano en las escuelas

El último requerimiento judicial a la consejería de Enseñanza se produjo en enero de 2013 —se ratificó posteriormente en diez autos dictados entre el 6 y el 14 de marzo— cuando el TSJC urgió en una resolución al gobierno catalán a ejecutar unas medidas cautelares que establecen que cuando un solo alumno pida enseñanza bilingüe (algunas materias en catalán y otras en castellano), ésta se extienda al resto de «condiscípulos» del aula.

Eso, a efectos prácticos, se traduce en que toda la clase reciba la enseñanza en las dos lenguas oficiales si hay una sola reclamación al respecto. De esto ya hace casi nueve meses y ninguno de los diez padres beneficiados por el fallo tiene constancia de que vaya a cambiar algo. Ante el enquistamiento del problema, muchos han optado por enviar a sus hijos a colegios de fuera o irse de Cataluña.

Desde que comenzó el verano hasta ahora, la consejera de Enseñanza de la Generalitat ha dado muestras más que sobradas de que mantendrá la insumisión lingüística de la que ya ha hecho alarde en numerosas ocasiones. Una resolución de su departamento, con fecha del 7 de junio a la que ha tenido acceso ABC, da instrucciones explícitas a un centro que escolariza a uno de los alumnos que demandan bilingüismo sobre qué debe hacer para cumplir estas últimas sentencias durante el curso que ahora se estrena.

La consigna dirigida al centro para que cumpla el auto de 7 de enero de 2013 del TSJC, es que se limite a mantener la atención individualizada para el alumno afectado , y que el catalán siga siendo la lengua vehícular única.

«Que el centro concertado...., adopte las medidas en lo que respecta a la lengua castellana... para atender la situación jurídica individualizada del alumno ». Según la instrucción de Enseñanza, las medidas se concretan en recibir en castellano «materiales y fichas de enseñanza-aprendizaje, correcciones de ejercicios, informes evaluativos; atención individualizada del alumno en las actividades de enseñanza- aprendizaje». Por último, ordena al centro enviar también en castellano a la familia todos los informes sobre la evolución de su hijo.

Convivencia Cívica Catalana (CCC), entidad que lleva años amparando legalmente a los padres que demandan enseñanza bilingüe en Cataluña, considera «inconstitucional», y «humillante para el alumno» la «unica salida» que ofrece la Generalitat. «Vulnera todas las sentencias firmes dictadas hasta ahora», denuncia Francisco Caja, presidente de CCC. Pocos días después de esta resolución, el 21 de junio de 2013, el departamento de Enseñanza envió una circular interna a todos los centros educativos dándoles instrucciones sobre el proyecto lingüístico que deben ejecutar durante el curso 2013-2014.

El documento, consultado por este diario, no refleja ninguna variación respecto a la situación en cursos anteriores: sigue la inmersión total en catalán y se prevé atención individualizada para los que piden bilingüismo. Según la circular, el catalán, y el occitano en el Vall d’Aran, se mantienen «como eje vertebrador del proceso educativo plurilingüe». La asociación en defensa del bilingüismo, Impulso Ciudadano, ha presentado un recurso de alzada contra dichas instrucciones que ha sido rechazado por la Generalitat, por lo que esta entidad presentará en breve un recurso contencioso-administrativo.

Otra de las iniciativas de la Generalitat es extender la inmersión a las guarderías (0 a 3 años). Para ello emitió unas recomendaciones dirigidas a los profesores de esta etapa y encaminadas a reforzar el conocimiento de esta lengua en esta etapa. Tal como avanzó ABC, un fallo del TC de abril de este año prohíbe a la Generalitat determinar los contenidos básicos del currículo de preescolar y le recuerda que es competencia del Estado.

Ante tal cúmulo de incumplimientos, CCC no solo está dispuesta a reclamar una multa coarcitiva y responsabilidades penales a la consejera, sino que tiene previsto denunciar ante el Consejo General del Poder Judicial la pasividad e inoperancia del TSJC , el único con competencias para ordenar la ejecución de los fallos en Cataluña.