El mapa de la sustracción de menores
El pamplonés Juan José Eslava, a su llegada al Palacio de Justicia de Navarra donde entregó a sus dos hijos, Kento (d) y Len (i), de 9 y 5 años respectivamente, que ha recogido su exmujer y madre de los pequeños, la japonesa T.A. - efe

El mapa de la sustracción de menores

El caso de Juan José Eslava, el pamplonés cuya exmujer se llevó a sus dos hijos a Japón, es solo una muestra de las sustracciones de menores que se producen en todo el mundo

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La situación de Juan José Eslava no es única. El padre de dos niños de 9 y 5 años, que teme no poder volver a verlos porque su exmujer, con una legislación favorable, se los ha llevado a Japón, comparte esta lamentable situación con muchos otros padres cuyos hijos son llevados a países donde no se reconocen las sentencias internacionales o no están adheridos al Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores.

Se trata de un tratado multilateral que busca proteger a los niños que son sustraídos y retenidos por uno de sus progenitores al traspasar las fronteras internacionales. Se produce la sustracción cuando el menor es trasladado ilícitamente a un país distinto de donde reside habitualmente, violando el derecho de custodia atribuido a una persona o a una institución, o en los casos en que el padre o la madre se traslada con el menor para residir en otro país, impidiendo al otro progenitor que tenga atribuido el derecho de visita ejercitarlo.

Aquí, las claves de los países que no son miebros del convenio o que aún siéndolo, no lo cumplen.

Países que no están adheridos

Egipto, Ghana, India, Jamaica, Arabia Saudí, Korea y Tunisia no están adheridos al Convenio de la Haya del 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Es un tratado que busca proteger a los niños de la sustracción y la retención por parte de uno de sus progenitores al traspasar las fronteras internacionales

Escasa presencia africana

Son escasos los países africanos miembros del convenio: Marruecos, Sudáfrica, Burkina Faso, Gabón, Guinea, Lesoto y Zimbabue. La lista se acorta aún más en el caso de los países árabes, solo representados por Marruecos.«Son culturas diferentes alejadas de la nuestra y eso influye en la legislación», aseguró la abogada Mercedes González.

«Aplicación inconsistente»

Guatemala registra una «aplicación inconsistente» de los principios de este tratado según el informe sobre nivel de cumplimiento y compromiso con el convenio del Departamento de Estado norteamericano. El retraso en la resolución de los casos, con la consiguiente angustia que supone para los padres, es uno de los problemas más criticados. Solo EE. UU. tiene 112 casos abiertos en 18 países, muchos de ellos en Guatemala.

Lentitud y pagos innecesarios

Bahamas es otro de los países que no cumple con el convenio, sobre todo en el campo judicial. En la mayoría de los casos se producen retrasos, como consecuencia de las farragosas gestiones que hay que realizar antes de hacerse efectiva la orden de retorno del niño. Se exigen, además, pagos de tasas innecesarias que suponen una carga económica para los padres.

Problemas para localizar niños

Brasil también ha mostrado indicios de incumplimiento de la normativa en lo que se refiere a la labor de los cuerpos policiales, por ejemplo, para localizar a algunos niños reclamados por uno de sus progenitores. La justicia tampoco funciona con la agilidad necesaria al igual que en Panamá.

Preferencia por otras legislaciones

Costa Rica, es parte del convenio de sustracción de menores pero no cumple con el mismo.

Una sentencia de la Corte Suprema costarricense determinó que en casos de sustracción ilícita de menores deben tenerse en cuenta otras legislaciones o la Convención sobre los Derechos del Niño para decidir qué lo mejor para los intereses del menor.

Japón, un callejón sin salida

Japón es un caso especial. Primero porque acaba de adherirse al convenio sobre sustracción de menores, pero no tendrá efecto retroactivo una vez que entre en vigor (2014). Por otra parte, la legislación nipona en materia de familia es discriminatoria con los extranjeros casados con un nacional. No existe la custodia compartida y tampoco se reconocen las sentencias judiciales de países extranjeros.