El desprecio por el contribuyente

La A-6 es una de nuestras vías radiales que articularon España durante la segunda mitad del siglo XX. Los madrileños la siguen llamando la carretera de La Coruña (aquí, lo de «A Coruña» no llegará nunca) y en torno a ella se vertebra una buena parte de los barrios residenciales del extrarradio capitalino. Como en tantas otras vías, se hacen constantemente obras de mantenimiento y mejora. En estos días se está haciendo un paso subterráneo para acceder a Torrelodones cuando se sale de Madrid. Para ello, y desde el 25 de abril, la salida que siempre estuvo en el kilómetro 29 se ha cegado y movido al kilómetro 27, donde un cartel indica claramente «Torrelodones».

Sucede que esa salida es la de decenas de restaurantes y establecimientos de hostelería, además de ser, nada menos, que la del Casino de Madrid. Es decir, establecimientos que llevan décadas publicitando la llegada a su local con «tome la salida 29...». Por lo que lo normal es que cualquiera al que se le diga eso no tome la 27, sino que busque la 29. Y llegados a ese punto... no hay salida. Lo que lleva irremisiblemente al conductor al otro lado de la cumbre que marca el Canto del Pico, donde hay que dar la vuelta y volver para atrás.

Cabría pensar que cuando se hace un cambio de estas características, que afecta a cientos de personas diferentes cada día, se podrían emplear durante varios meses las pantallas de las autopistas que normalmente nos recuerdan que estamos siendo vigilados, para dar una información útil al conductor. Pues no. Mejor que circulen un poco más, contaminen el monte de El Pardo, se pierdan un poco y lleguen tarde a donde quiera que vayan.

Llegados a este punto, quienes se ven afectados por este desprecio de la Administración han intentado averiguar algo tan simple como si el cambio de salida es definitivo o durará sólo mientras se hace el paso subterráneo. Imposible encontrar una respuesta segura. Primero no te avisan del cambio y después no te dicen si se volverá a la situación original. Con lo que te encuentras sin poder tomar medidas para avisar a los ciudadanos que se dirijan a esa zona que los establecimientos tienen identificada con el punto kilométrico 29. Es difícil imaginar mayor desprecio al contribuyente que paga las obras en una cuestión tan fácil de solventar. El problema es que cuando el funcionario no está dispuesto a analizar las consecuencias que su actuación tiene sobre quien le paga el sueldo –y de quien se sabe protegido– los servidores públicos se vuelven a asaetear ciudadanos.

Y que no vengan ahora a echar la culpa al ministro del ramo o al secretario de Estado. La información de servicio público que se da en la pantalla de una autopista no creo que tenga que redactarla una ministra. Ni la información a los vecinos de una obra pública, tampoco. Ni de esta magnitud.