Hacienda pagará a los funcionarios 44 días de la paga de 2012 si hay «paz social»

La Conselleria de Hacienda abonaría de esa foma cincuenta millones de euros a los cerca de 130.000 empleados públicos afectados por la medida. La propuesta se planteará en la Mesa General de la Función Pública y el Gobierno autonómico aspira a que los sindicatos la acepten, al tiempo que se retiran los recursos judiciales relativos a la supresión de aquella paga de 2012.

Las posturas están enfrentadas, toda vez que el grueso de los sindicatos considera que los tribunales les están dando la razón y, por ello, reclaman un calendario de negociación para asegurar que la extra de Navidad suprimida hace dos años se abone íntegramente. En ese caso, la Generalitat debería destinar 240 millones de euros a tal efecto. Una cantidad que no parece factible en el estado actual de las arcas autonómicas.

De hecho, aunque la voluntad política, a falta de once meses para las elecciones autonómicas , pasa por alcanzar la «paz social» con los representantes de los funcionarios, Hacienda ha tenido que demorar su compromiso de pago hasta la primera nómina del próximo ejercicio, ya que los cincuenta millones de euros que se requiere para ello no están contemplados en el presupuesto en vigor y no existe posibilidad de lograr una partida extraordinaria.

Con todo, centrales como la Intersindical ya avanzaron ayer que no están por la labor de suscribir el acuerdo. En concreto, el punto séptimo de la propuesta que entregará el Consell a a los sindicatos hace alusión a la «responsabilidad que requiere el momento actual y la importancia de mantener un escenario de diálogo permanente».

Cauces de negociación

Por ello, insta a las organizaciones sindicales a que se «comprometan a agotar los cauces de negociación e interlocución con la Administración antes de adoptar medidas de conflicto o movilizaciones de cualquier tipo, durante el periodo de vigencia del presente acuerdo».

Asimismo, el borrador planteado por Hacienda reclama a los sindicatos que se comprometan a «no promover reclamaciones jurídicas de ningún tipo» al menos hasta enero de 2015, cuando los empleados públicos percibirían los 44 días pendientes de abono.