¿En qué tenemos derecho a decidir?

Ponerle algún reparo a tal enunciado es el súmmum de lo más incorrecto políticamente hablando en este momento. Nadie quiere que se le señale como enemigo de tan indiscutible potestad ciudadana. Hasta conspicuos fiscales, que quizá deberían mantener una honorable independencia y reserva, se ven en la necesidad de salir y abundar sobre las bondades de este ideal autoevidente. Pero este «derecho a decidir» es un eufemismo que apenas maquilla una demanda grave. Y un pretexto inaceptable para conseguir unos fines.

Así, de repente, hay deseos y voluntades, que por parecer apoyados por un número considerable de personas, se arrogan suficiente fuerza moral para ignorar las leyes comúnmente acordadas y saltárselas sin atrición . El corolario de este lema triunfante es que la especial sabiduría «del pueblo» convierte en obsoletas e irrelevantes una leyes que ya no van acordes con los cambios que este mismo experimenta.

Crasísimo error. Las Leyes, en este caso la Constitución, recogen derechos y obligaciones, pero también diseñan un modelo de Estado del que se derivan cuestiones sustanciales que no pueden dejarse al albur de lo que sopla el viento.

La indivisibilidad del mismo es un precepto que recogen la mayoría de las constituciones modernas porque, si no fuera así, se dejaría el paso libre a la provisionalidad en algo tan básico y elemental como formar parte de un país con continuidad en la historia y todo lo que esto significa. Abriría la puerta a la incertidumbre, a ser presa recurrente de iluminados y demagogos, cuando no de aprovechados. Entre otras consecuencias, sería un país en el que nadie podría ni confiar ni invertir.

La Constitución no permite el derecho a decidir en asuntos que se juzgan negativos en sus efectos sociales, recogiendo la experiencia y el conocimiento de generaciones de personas antes que nosotros. No sólo la indivisibilidad del estado: el Derecho Penal, el Derecho penitenciario, el régimen de la propiedad o los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Hagamos un poco de política-ficción. Por ejemplo, la Constitución establece el derecho a la propiedad privada. ¿También apoyaría la gente de buena fe el derecho a decidir en el no del todo descabellado escenario -pongamos en Marinaleda- en el que un importante número de vecinos, encabezados por el convincente y dinamizador Juan Manuel Sánchez Gordillo, pidiera su abolición en el municipio? Podemos hablar de la separación entre la Iglesia y el Estado, o los derechos de las mujeres. ¿Y si, animados por tal precedente, el líder de la comunidad islámica de alguna población con suficiente masa crítica exigiera el mismo derecho sobre la conveniencia de adoptar la Sharia?

Oímos decir que la Constitución no es sagrada. Que obedece a una época y a unas circunstancias, y que el paso del tiempo podría hacer necesarios ciertos cambios y ajustes en la misma. Totalmente de acuerdo. Yo querría cambiar la ley electoral o que se modificasen las excepciones en materia fiscal en el País Vasco y Navarra para hacer más creíble que todos los ciudadanos somos iguales ante la Ley. Pero para estos cambios y para todos los demás se requiere la concurrencia del conjunto del pueblo soberano. No puede decidir una parte sobre lo que es de todos. Significaría pisotear los derechos de quienes no están de acuerdo. Y esto no es ninguna conquista luminosa, sino algo muy siniestro que tiene, por desgracia, conocidos precedentes.

Mª Teresa Giménez Barbat es escrtita y miembro del Consejo Territorial de UPyD en Cataluña.