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Desahuciados, divorciados y familias en paro también podrán acceder a VPO

La Junta aprueba 22 medidas «urgentes» para facilitar el acceso a la vivienda

Desahuciados, divorciados y familias en paro también podrán acceder a VPO f.heras

isabel jimeno

01/08/2013
Actualizado 03/08/2013 a las 10:26h.

Mantener viviendas vacías mientras numerosas personas tienen dificultades para tener un techo es «de todo punto antisocial», afirmó ayer el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván , después de que la Junta de Castilla y León aprobara un decreto-ley con ... 22 medidas «urgentes» que pretenden justamente lo contrario, esto es, «paliar» las «enormes» complicaciones para acceder a una casa y en algunos casos mantenerla. Acompañado de un decreto que regula el programa de fomento del alquiler, ambos textos -comprometidos por el presidente del Ejecutivo regional en el último Debate sobre el Estado de la Comunidad- buscan dar una «respuestas global y urgente» a esta situación y «apoyar» a las personas y familias «más necesitadas» de la Comunidad. Las «graves consecuencias» de la situación económica «obligan» a actuar, y en este escenario se enmarca este conjunto de medidas que buscan provocar también un «efecto dominó» , de modo que, a la vez que se dan mayores facilidades para ocupar las viviendas sin dueño o inquilino, se moviliza el sector de la construcción, uno de los más afectados por la crisis, apuntó Silván.

Movilización de las viviendas de titularidad pública , salida al mercado de los pisos disponibles, fomento del alquiler, adaptación del régimen legal de las casas protegidas al nuevo contexto social y económico y cambio en los colectivos de especial atención son los pilares sobre los que se sustentan estos decretos, que pretenden «dar respuesta activa a la grave situación» de numerosas personas, «sobrevenida» por la crisis.

Los cambios introducidos en el decreto-ley de acceso a la vivienda -que deberá ser ratificado por las Cortes en el plazo de un mes- supone que se amplía el abanico de los colectivos sociales de especial protección para acceder a una casa protegida. A jóvenes, mayores, familias numerosas o víctimas de violencia de género o terrorismo se suman ahora familias con todos sus miembros en paro, desahuciados,separados o divorciados que pierdan el derecho a usar la vivienda habitual, personas que vivan en inmuebles en ruina, expropiados o que hayan sido desalojados por una emergencia o catástrofe o aquellas cuyo hogar presente deficientes condiciones de habitabilidad.

Bajada del 20%

Ocho son las medidas relacionadas con las viviendas protegidas de titularidad pública (la Junta cuenta con un parque de 12.471 casas, 11.332 para venta y 1.139 para alquiler, de las que unas cien desocupadas están reservadas para el servicio de apoyo a las familias en riesgo de desahucio), entre las que se encuentra facilitar una rebaja «sustancial» del precio de venta o alquiler en hasta un 20% en las viviendas protegidas. La Junta lo aplicará de forma «automática» en las suyas y propone al sector privado que lo haga.

El decreto también incluye medidas para facilitar el pago de las cuotas de compra o alquiler en los pisos directamente promovidos por la Junta con una moratoria en el abono de la hipoteca o renta durante un año, prorrogable hasta un máximo de cuatro, y la reestructuración de la deuda ampliando el periodo de amortización en cinco años, en el primer caso, y la reducción de la renta para los arrendatarios desde un 30 a un 50% , así como la reestructuración de su deuda. Deducciones de un 10 a 30% en las VPO de la Junta así como para quienes estén de alquiler y quieran comprar y la obligación para Administración regional y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de reservar al menos el 30% de las viviendas protegidas desocupadas para consolidar parques públicos de alquiler social también forman parte de este bloque de medidas.

La ampliación del periodo de amortización de la hipoteca, la no devolución de las ayudas a la compra en caso de desahucio, flexibilización de los requisitos para los adquirentes o arrendatarios de VPO o la posibilidad de descalificar en diez años una vivienda protegida son algunas de la medidas relacionadas con las casa protegidas de promoción privada.

Por lo que se refiere al fomento del alquiler se unifica el programa, dotándolo de mayor «flexibilidad» para las viviendas que se pueden acoger.

Las nuevas normas ya encontraron ayer la crítica de la patronal Cecale y de la Confederación de la Construcción , que censuraron que no se haya consultado previamente al sector y que se haya «aprovechado la situación para realizar una norma de mayor calado con importantes consecuencias para las empresas de la Comunidad».