Treviño, historia de un «divorcio» imposible

Mientras en el ámbito nacional Cataluña estudia la celebración de una consulta popular sobre su independencia, en el Condado de Treviño se recuerda la realizada en 1998. Su celebración supuso, entre otras cosas, el abandono del PP del entonces alcalde y procurador, Ernesto Argote, quien ahora encabeza su propio partido, Ciudadanos de Treviño, y forma parte del Gobierno independentista junto a la Agrupación que lidera el actual regidor, Ignacio Portilla, y el apoyo del concejal de Bildu.

La consulta popular del 98, en la que participó casi el 77% de la población y un 68% respaldó la anexión a Álava, fue uno de los momentos álgidos de la reivindicación del Condado de Treviño de abandonar Castilla y León e integrarse en el País Vasco, pero no fue ni la primera ni la última vez que este tema se ponía sobre la mesa.

Ya en 1963, el pleno de la Diputación de Álava aprobó una moción para solicitar la incorporación a la provincia vasca del enclave burgalés del Condado de Treviño. En aquel momento, la propuesta se basaba en lo establecido en el Concordato de España con la Santa Sede, por el que Treviño se incorporaba a la Diócesis de Vitoria, y se entendía que, tras la unión eclesiástica, debía realizarse la administrativa.

Medio siglo después, el actual equipo de Gobierno municipal espera que las instituciones vascas apoyen su intención de segregarse de Castilla y León. En este sentido, esta misma semana, el portavoz del equipo de Gobierno en la Diputación de Burgos, Borja Suárez (PP), «exigía» al Ejecutivo del País Vasco y a la Diputación de Álava que se posicionen oficialmente a favor de la legalidad y les recordó que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León «blinda» la pertenencia del enclave a la provincia burgalesa.

Ese blindaje no ha impedido que se hayan celebrado en Treviño distintas actividades de carácter reivindicativo e independentista apoyadas desde el País Vasco. En el último año electoral, el 2011, la «korrika», una carrera popular para la defensa y promoción del euskera, a través el enclave y, una década antes, en 2001, miles de personas se dieron cita en Treviño para celebrar el «Araba Euskaraz», la fiesta anual que organiza la Federación de Ikastolas de Álava para promover la cultura vasca y el euskera.

A pesar de la polémica generada por la convocatoria y del malestar manifestado públicamente por el presidente de la Junta de Castilla y León, el burgalés Juan Vicente Herrera, el propio lendakari vasco, entonces Juan José Ibarretxe (PNV), inauguró los actos festivos con un discurso en el que, haciendo referencia a la consulta popular celebrada en 1998, afirmó que «Treviño será siempre lo que quieran ser los treviñeses» ya que, en su opinión, «es una cuestión no de reivindicación política, sino una cuestión absolutamente democrática». Además, Ibarretxe destacó de los treviñeses la «fortaleza» que han tenido para tratar de «revitalizar» el euskera en el enclave y agradeció a los Ayuntamientos de la Puebla de Arganzón y el Condado de Treviño las actuaciones tendentes, entre otras cosas, a conseguir el bilingüismo oficialmente adoptando el euskera como idioma propio y llevándolo, por ejemplo, a la nomenclatura de las calles o los documentos oficiales.

En aquel momento, los dos ayuntamientos del enclave estaban gobernados por grupos independentistas que reivindicaban la anexión a Álava. Quitaron las banderas de Burgos y Castilla y León de los salones de pleno y colocaron en la fachada del Consistorio un cartel en el que podía leerse en euskera y castellano «De Burgos por la fuerza».

Los ayuntamientos del enclave burgalés llegaron incluso a firmar acuerdos bilaterales con el Gobierno vasco que fueron denunciados por la Junta de Castilla y León y anulados por el Tribunal Supremo en 2008.

Fueron años de enfrentamientos entre las dos comunidades autónomas a costa de la situación del Condado de Treviño, pero también de varios intentos de acercamiento entre Castilla y León y el País Vasco.

En el año 2000 se creó una ponencia técnica entre las dos comunidades autónomas que llegó a reunirse en la Diputación de Burgos, bajo la presidencia de Vicente Orden Vigara, quien siempre defendió la normalidad de las relaciones con el Condado y criticó que cada cuatro años, coincidiendo con los periodos electorales, se sacase a la palestra la reivindicación de independencia.

En todo caso, de aquella ponencia técnica interinstitucional celebrada en el Palacio Provincial de Burgos con la presencia de María José Salgueiro, entonces secretaria general de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, y Sabino Torre, director de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco, no salieron grandes conclusiones después de que los alcaldes de los dos municipios treviñeses abandonaran la mesa.

Dos años después, y con el mismo resultado, se reunía otra comisión mixta en la que participaron el entonces consejero de Presidencia y Administración Territorial, Alfonso Fernández Mañueco, y la vicepresidenta del Gobierno vasco, Idoia Zenarruzabeitia.

Después de años de enfrentamientos entre las dos comunidades autónomas provocadas por la situación del Condado de Treviño, la historia de este enclave tomaba una nueva dirección a partir de la llegada a la Alcaldía en 2007 de la popular Inmaculada Ranedo con el apoyo del PSOE. Este acuerdo en Treviño entre las dos formaciones mayoritarias en España parecía una premonición de lo que dos años después ocurriría a la inversa en el Gobierno vasco, cuando Patxi López (PSOE) conseguía el respaldo del PP para su investidura como primer lendakari no nacionalista.

Tras cuatro años de normalidad y acuerdos con las instituciones de las dos comunidades vecinas para la prestación de distintos servicios a los vecinos de Treviño, Ranedo revalidó la Alcaldía en las elecciones del 2011, pero gobernando en minoría hasta que, a finales del 2012, la Agrupación Independiente, Ciudadanos de Treviño y Bildu unían sus fuerzas en una moción de censura que devolvía la anexión al País Vasco a las prioridades del ayuntamiento treviñés.

Lo anunció en ese mismo pleno el recién elegido alcalde, Ignacio Portilla, uno de los históricos de las reivindicaciones independentistas del Condado. Dejó claro que «la cuenta atrás para la anexión a Álava ha comenzado». Se apoya, entre otras cosas, en un estudio encargado a un catedrático de la Universidad del País Vasco y espera contar con el apoyo de las instituciones vascas en esta pretensión que no ha dudado en trasladar personalmente al presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, en una reunión oficial en su despacho, donde incluso comparecieron juntos ante los medios de comunicación.

Mientras Portilla se marcaba el plazo de dos meses para llevar al pleno del Condado de Treviño la aprobación del proceso de segregación de Burgos e inicio de la anexión al País Vasco, Rico, se mostró tranquilo y confiado en la legalidad que avala su pertenencia a la provincia burgalesa.

César Rico, que también es el presidente del PP en Burgos, afirmó que la institución provincial será «rigurosa» con todos los procedimientos legales que el Ayuntamiento del Condado de Treviño quiera emprender, pero dejó claro que es «complicado» que prospere la segregación del enclave. En este sentido, recordó que hay pronunciamientos políticos en contra y, además, la pertenencia de Treviño a Castilla y León está «blindada» por el Estatuto de Autonomía de esta Comunidad y refrendada por el Tribunal Constitucional.