¿Por qué el Ebro parece el Nilo?

En el fondo del problema aflora la cuestión de las administraciones públicas que conviven en España y los repartos competenciales. Y, en medio, los afectados y sus ayuntamientos. Estas son algunas de las claves del problema.

Sí. La estadística no falla. Hasta hace menos de 20 años, las inundaciones de gran envergadura se producían cada muchos años, a menudo tenían que pasar décadas. Hubo una inundación de calibre en el año 1930; la siguiente, en las navidades de 1960. Luego llegó la de 2000, pero desde ese año hasta 2007 hubo dos. Y desde 2007, raro es el año que no se inundan miles de hectáreas e incluso el agua se desboca llegando a cascos urbanos, con más o menos intensidad.

Las gentes de los pueblos ribereños del tramo aragonés lo tienen claro, y sus alcaldes –de todo signo político y legislatura tras legislatura– se esfuerzan en proclamarlo como portavoces: porque el río no se limpia, se acumulan materiales de arrastre, tierras, vegetación... Y el cauce ha perdido progresivamente capacidad de desagüe. Por eso, hace falta cada vez menos caudales para que el Ebro se desborde.

Aquí llega el enredo entre administraciones. La competencia del mantenimiento de un cauce fluvial como el Ebro, y por tanto su limpieza y dragado, le corresponde al Estado a través de las confederaciones hidrográficas. En este caso, a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Pero las competencias en materia de control medioambiental la tienen las comunidades autónomas. Forzada por las reivindicaciones y por las evidencias, la CHE hace años que anunció un plan de limpieza en profundidad del tramo aragonés del Ebro, pero sigue sin hacerse realidad, más allá de pequeñas actuaciones parciales en pequeños tramos del gran río. La CHE dice que no hace más porque no obtiene la autorización preceptiva del Gobierno aragonés, que a su vez tiene asignada esta tarea a uno de sus entes, el Instituto Aragonés Gestión Ambiental (Inaga). Desde el Gobierno aragonés afirman que no tienen problema alguno en conceder los permisos, pero la CHE no ha presentado un proyecto global de limpieza de todo el tramo aragonés del Ebro, que es lo que reclaman los municipios afectados. Dicho plan global requeriría de un estudio de impacto ambiental. Diversas fuentes apuntan a que la elevada inversión que tendría que realizar el Estado también puede figurar entre los motivos de que no se impulse ese plan integral de limpieza del Ebro.

Hay opiniones diversas al respecto. Diversas fuentes consultadas coinciden en que la limpieza y dragado de sedimentos acumulados durante años en el lecho del río es una medida necesaria. Pero entre los consultados hay quienes apuntan otras circunstancias. Algunos apuntan a otro problema estructural: la cuenca del Ebro no está suficientemente regulada, hay embalses que llevan décadas esperando, alguno incluso un siglo. El Pacto del Agua de 1992 aprobó la lista de embalses que había que construir en Aragón, pero los proyectos han acumulado décadas de demora, abundan los que aún no están hechos –entre ellos algunos de los más significativos–. Algunos también se han visto torpedeados por polémicas, convertidos en ocasiones en arma en luchas partidistas o enredados en estrategias de grupos contrarios a la construcción de pantanos. Los embalses no solo sirven para recoger el agua en los meses de bonanza –cada año se dejan correr al mar abundantes caudales en momentos de crecidas por no poder embalsarlos– sino también para amortiguar los efectos de las riadas.