La Acca afirma que la ley de custodia compartida se aplica de forma «dispar»

Representantes de Acca, integrado por unas doscientas personas, han entregado este informe en la Audiencia de Alicante para que sea trasladado a su presidente, Vicente Magro, han informado fuentes de la entidad.

Con dos años de vigencia en la Comunitat, la citada norma es «interpretada de forma dispar por cada órgano judicial», según la asociación.

Para este colectivo, «existen distintas dificultades» para «una correcta» efectividad de la ley causadas, por un lado, por «los propios medios materiales» de los que están dotados en la actualidad los juzgados y, por otro, por «una falta de rigurosidad en la aplicación del espíritu y el contenido de la norma».

La entidad indica que ha aumentado el número de custodias compartidas pactadas o concedidas por sentencia judicial en los procedimientos de separación, divorcio o modificación de medidas, alcanzado una cifra que estima en aproximadamente un 22 por ciento de los casos.

A pesar de ese incremento, «la disparidad en la aplicación de la Ley 5/2011 de la Generalitat se pone de manifiesto, como se refleja en el escrito, debido a que tan sólo hay juzgados con competencia exclusiva de familia en Elche (uno) y en Alicante (dos), resolviéndose en el resto de partidos judiciales en juzgados que abordan diferentes materias».

Fuentes de la asociación han señalado que se produce una "disparidad" de criterios en la aplicación de la norma, lo que se traduce en "unos procesos con diferente tiempo de resolución del conflicto judicial".

«Por ejemplo, nos encontramos con que en un juzgado de familia sólo se esperan dos meses en ejecutar medidas provisionales, mientras que por la misma resolución se está más de un año en un juzgado de instrucción o primera instancia», según el informe.

«Un tiempo en el cual -añade el documento- un menor puede estar sin comunicación con uno de los progenitores, un padre o una madre puede actuar por una vía de hecho y cambiar de domicilio sin obtener autorización judicial» o «puede haber un problema de alimentos».

Por otra parte, fuentes de la asociación han expuesto «el temor» que surge en el núcleo de la familia paterna ante «la posibilidad de que se interpongan denuncias falsas de violencia de género».

Ese uso «fraudulento» de la ley «va más allá del padre», según las mismas fuentes, que afirman tener constancia de casos en los que «se acusa a abuelos o tíos del menor por malos tratos».

Las citadas fuentes afirman que en algunos casos se trata de «una forma de presionar para obtener ventajas en los procesos de separación».

El informe expone que «diferentes estamentos judiciales» han «advertido» de que «han aumentado el número de denuncias por violencia de género» desde que se aprobó la ley 5/2011 en la Comunitat.

Según la asociación, hay «algunas madres que están haciendo un uso fraudulento de la ley integral contra la violencia de género, denunciando por malos tratos al padre de sus hijos, sólo por el hecho de evitar la custodia compartida».

Desde Acca insisten en que «los que se divorcian son los padres, y no los hijos», por lo que llaman a la igualdad de derechos y responsabilidades de ambos progenitores