Tres mil estudiantes son considerados «terroristas» por la Justicia turca

Para la fiscalía esto ha sido suficiente para acusarla no sólo de financiar, sino también de formar parte de una organización armada, en este caso el Frente-Partido Revolucionario Popular de Liberación (DHKP/C, por sus siglas en turco), incluida en la lista de grupos terroristas de Turquía.

Una imputación que el propio Gobierno francés ha considerado a todas luces excesiva, pero ha declarado tener las manos atadas ante el sistema judicial turco.

«Soy de izquierdas y socialista. No hay nada que negar ahí. Defiendo la democracia y la igualdad. Pueden llamarmos "terroristas" porque fuimos a aquel concierto de Grup Yorum, pero ustedes saben bien quiénes son los verdaderos terroristas: los que explotan a la gente», declaró Sevimli este miércoles, tras la primera sesión del juicio.

No es el único caso de este tipo. La misma fiscalía solicitó penas semejantes para otros cuatro jóvenes, también por presunta pertenencia al DHKP/C. Entre las «evidencias» presentadas contra Burcu Akin, Ceren Cevahir, Seren Özçelik y Kezban Yildirim en el acta de imputación aparece la «participación en las manifestaciones del Primero de Mayo» y el despliegue de una pancarta en la que se leía «Queremos educación gratuita» durante el citado concierto de Grup Yorum.

El mismo cartel que enarbolaron los estudiantes Berna Yilmaz y Ferhat Tüzer durante un acto en 2010 que presidía el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan. El pasado junio, un tribunal les condenó a ocho años y medio de cárcel , de nuevo por su supuesta militancia en el DHKP/C, una organización que desde 1976 ha llevado a cabo cientos de atentados de baja intensidad y asesinado a varias decenas de personas. Su acción más espectacular fue el asesinato en 1996 del magnate Özdemir Sabanci, uno de los hombres más ricos de Turquía, en el rascacielos de su propia compañía.

Pero muchos activistas de derechos humanos consideran que los tribunales están yendo demasiado lejos en sus acusaciones. Este verano, a petición de la oposición, el ministro de Justicia, Sadullah Ergin, hizo público que entre enero y agosto de 2012, un total de 2.824 estudiantes de secundaria y de universidad fueron detenidos bajo cargos de terrorismo de uno u otro tipo.

La mayoría de ellos eran jóvenes kurdos acusados de apoyar a la guerrilla kurda del PKK, pero también cientos de militantes de izquierdas, a menudo bajo evidencias muy débiles o inexistentes. Una situación que Özgur Özel, diputado del Partido Republicano (CHP), la principal fuerza opositora, calificó de «terrorífica».

«Distribuir periódicos legales, ir a protestas sin cometer ningún acto violento, participar en reuniones: esta es la clase de actividades que la policía, los fiscales y los tribunales en Turquía consideran como evidencias de ser miembros de un grupo terrorista», asegura Emma Webb-Sinclair, investigadora de Human Rights Watch.

«Hay una necesidad urgente de revisar la legislación sobre terrorismo en Turquía, y liberar inmediatamente a los cientos, miles de individuos en detención prolongada previa al juicio», indica. Según esta organización de defensa de los derechos humanos, más de la mitad de las personas encarceladas en Turquía lo están de forma preventiva, esperando a ser juzgados.