Familias de acogida «Ella sabe que ha nacido en la tripita de otra mamá que no podía cuidarla»

La reforma de la Ley de la Infancia entra en vigor el próximo 11 de agosto

Pilar y Jesús, con Marco y Blanca
Pilar y Jesús, con Marco y Blanca - isabel permuy

Blanca (cuatro años) lleva viviendo en acogida temporal en casa de Pilar y de Jesús desde que tenía 16 meses. Una vez al mes visita a su familia biológica. «Ella sabe que ha nacido en la tripita de otra mamá que no la podía cuidar», explica con naturalidad Pilar, su madre de acogida. Para ella, la nueva Ley cambia algo muy importante y es que, hasta este momento, este procedimiento no contemplaba la adopción abierta (la que permite el contacto con la familia de origen del niño). «Hasta ahora solo era posible si había una renuncia expresa de la familia biológica, o el niño no tenía ningún referente», concreta. Sin embargo, «con la nueva Ley ya es posible, y —en su opinión— es una forma de empoderar a las familias de acogida». «Antes no teníamos mucho que decir», corrobora Jesús, su pareja. Ambos (que después tuvieron a Marco) esperan que los cambios que implica la Ley de Protección de la Infancia se traduzcan en «un aumento exponencial del número de acogedores. No debe haber niños en los centros de acogida, eso es una aberración». «Un niño donde mejor está es en una familia», concluyen.

Evitar en la medida de lo posible un acogimiento residencial es una de las prioridades de la flamante norma, que entra en vigor el próximo 11 de agosto, y que introduce novedades importantes en lo que respecta a este procedimiento de protección infantil. La primera y más importante, recordó ayer Salomé Adroher, directora general de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, «es que prima el interés superior del niño por encima de todas las cosas. Vivir en familia es un derecho fundamental del niño y va a ser un principio fundamental de trabajo de todas las administraciones públicas». Por ello, explicó Adroher durante un encuentro organizado por Servimedia, «la nueva norma evita en la medida de lo posible un acogimiento residencial, e intenta que los menores estén siempre con una familia, sobre todo los más pequeños (0 a 3 añosy con vocación de ampliar de 3-6 años), para que crezcan sanos».

La directora general de Servicios para la Familia y la Infancia incidió también en que la nueva normativareconoce el papel de la familia de origen, «porque es importante reconocer de dónde vienes para construir tu identidad», y que el objetivo final es que los menores puedan regresar con su familia biológica, «aunque no siempre es el fin absoluto, puesto que hay que buscar la mejor solución para los niños». En este sentido la nueva ley implica, por ejemplo, que ya no podrá paralizarse un acogimiento por el hecho de que la familia de origen inicie un proceso judicial.

Es más, según indicó Javier Huete, fiscal de sala coordinador de Menores, esta Ley viene a refrendar algo que «el Ministerio Fiscal ya estaba interpretando», y supone que a partir de ahora en el acogimiento familiar se primará siempre «las soluciones consensuadas entre las partes frente a las impuestas». «La actual ley es un bloque normativo que cambia la perspectiva procesal, normativa y constitucional de los derechos del menor», añadió.

Las familias de acogida adquieren asimismo un mayor protagonismo. «Hasta este momento, los acogedores no han tenido del todo su sitio, cuando al fin y al cabo son los grandes aliados de la Administración», reconoció Adroher, quien recalcó que la nueva norma «les concibe como protagonistas absolutos de este sistema de protección del menor» permitiendo, entre otras cosas, la adopción abierta (que mantiene relación con la familia biológica).

La creación de un nuevo Sistema Nacional de Información Estatal de Acogimiento supondrá, además, una mayor coordinación entre las diferentes comunidades autónomas, gracias a la creación de un registro único de posibles familias de acogida. «Esto permitirá que un niño pueda irse a otra región si en la suya no existe en ese momento demanda, evitando así que tenga que esperar en un centro residencial». El hecho de que la reforma se dicte desde la competencia exclusiva del Estado es de suma importancia para Clara Martínez, directora de la Cátedra Santander de Derecho y Menores, porque también «armoniza criterios esenciales en protección a la infancia entre las distintas regiones».

Se establecen plazos

Los plazos suponen otra pieza fundamental de la reforma. «Para un niño el tiempo se mide de otro modo. Y las experiencias, aunque sean cortas, le marcan para toda la vida. Por eso es muy positivo que a partir de ahora los expedientes sean revisados cada tres meses», remarca María Araúz de Robles, vicepresidenta de ADAMCAM y coordinadora del II Congreso Interés Superior del Niño (que tendrá lugar los próximos 19 y 20 de noviembre).

Araúz de Robles espera por último que estos cambios aclaren un poco el desconocimiento que existe sobre este sistema de protección infantil. «La mayoría de las familias pertenecientes a la Asociación nos enteramos de forma casual. Existe poca información al respecto y hay mucho temor. La pregunta inmediata de la gente es "¿y cuándo te quitan el niño?" Esperemos que esta norma responda a todas esas preguntas y anime a muchas familias a iniciar un proceso de estas características. Son siempre satisfactorios. Todo lo que te dan estos niños es bueno».

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