«Mi ex pareja hizo creer a mi hija que yo iba a matarla. No pude resistirlo»

Su caso no es único. En España, se rompe un matrimonio cada 4,7 minutos (más de 300 al día) y cada año unos 30.000 menores sufren maltrato psicológico originado por el divorcio conflictivo de sus progenitores, según datos facilitados por la Fundación Filia. Para proteger a niños como la hija de O.H. y velar por el cumplimiento de las sentencias judiciales, se pondrá en marcha en breve en Cataluña la figura del coordinador parental, una especie de ángel de la guarda para estas pequeñas víctimas que están durante años en la primera línea del fuego emocional. La idea es evitar casos como el de T. G., que con solo 21 años carga con una pesada mochila psicológica que le condicionará durante toda su vida. Esta joven lleva casi un lustro sufriendo en primera línea los impactos del traumático divorcio de sus padres, ejerciendo de mediadora entre sus progenitores y protegiendo a sus dos hermanas, de 17 y 10 años. «Recuerdo ya de muy pequeña tazas volando por mi casa», explica la menor, que también ha sufrido agresiones físicas por parte de su padre.

Se trata de una iniciativa intrajudicial novedosa en España que adapta un proyecto instaurado con éxito desde el año 2003 en Estados Unidos para proteger y minimizar el impacto de una separación conflictiva en los hijos. Desde que se aprobó el divorcio, en 1981, se han producido en nuestro país 2,7 millones de rupturas que han afectado a más de 2 millones de menores. Según datos oficiales del INE y del Consejo del Poder Judicial , uno de cada cuatro divorcios que se producen no llegan a un acuerdo y uno de cada diez es de alta conflictividad.

«La figura del coordinador parental dará luz a estos niños que se encuentran en medio de una separación o divorcio, velará por protegerles y también hará que se reduzca el coste económico y judicial de estos procesos», explica en declaraciones a ABC Lucía del Prado, presidenta de la Fundación Filia de Amparo al Menor y de la Asociación Filia Cataluña. En este sentido, recuerda que uno de cada diez divorcios que se producen en nuestro país son considerados de «alta conflictividad» y que «este reducido porcentaje de casos consume el 90% de los recursos judiciales», lo que, según afirma, «impide que las sentencias sean ágiles». La experiencia de EE.UU., donde gracias a la acción de estos profesionales se han reducido un 75% los litigios judiciales, avala la efectividad de esta medida. La fundación Filia de Amparo al Menor , en colaboración con el Centro de Mediación en derecho privado de Cataluña , adscrito al departamento de Justicia de la Generalitat, y la Obra Social La Caixa han aunado esfuerzos para impulsar la prueba piloto que arrancará en Cataluña este primer trimestre del año.

Lo hará con una veintena de coordinadores, personas ya formadas en el ámbito de la mediación que tendrán una preparación adicional para interceder en estos casos conflictivos, según adelantó ayer la directora del Centro de Mediación de Derecho Privado de Cataluña, Rosa Torre. Estos profesionales actuaran bajo la coordinación y supervisión de los jueces en los casos en que la sentencia judicial no haya producido el efecto pacificador que persigue y el litigio continúe y persista. El coordinador acompañará y asistirá a los progenitores con el fin de ayudarlos a implementar su plan de parentalidad, resolver diferencias y orientarlos en relación con las necesidades de sus hijos. «Muchas veces las familias que tienen la custodia de los niños no saben cómo actuar, no tienen recursos suficientes. Ahora, los coordinadores les apoyarán y asesorarán durante todo el proceso», apunta la responsable de la Fundación Filia de Amparo al Menor.

Así pues, podrá tomar decisiones que modifiquen temporalmente cuestiones de la vida cotidiana que no afecten a la sentencia, tales como el régimen de transporte de los menores, las visitas o sus equipamientos, según precisó la responsable del Centro de Mediación en Derecho Privado , Rosa Torre. Explica que otra función añadida de estos mediadores especializados será «proporcionar información puntual sobre el proceso al juez que instruye el caso». «Cuando se produce un incumplimiento de la sentencia o un incidente importante en el proceso, el coordinador emitirá un informe que elevará al juez para que esté en todo momento informado», dice Torre.

La prueba piloto, que tendrá una duración de seis meses, prorrogables a otros seis, tiene como objetivo analizar los resultados de la incorporación de esta figura para que en un futuro pueda estar presente en todos los procesos conflictivos de separación o divorcio con niños en todo el territorio español. Los coordinadores parentales que arrancarán la experiencia en Cataluña se encargarán de una veintena de casos de alta conflictividad, porque «por la carga de trabajo que supone, lo ideal es un mediador, un caso», apunta la responsable del departamento de Justicia de la Generalitat. La Fundación Filia de Amparo al Menor, entidad sin ánimo de lucro creada hace tres años, estudia 7.000 casos de divorcios conflictivos en estos momentos y ha recibido «20.000 peticiones de ayuda desesperada de España y Latinoamérica». Una de ellas es la de T. G. y sus hermanas. Dos de las jóvenes explican a ABC que lanzaron un S.O.S a la Fundación hace unos meses porque no encontraban salida a su situación. «Estábamos desesperadas e impotentes y pensamos que ellos podrían ayudarnos», afirma la mayor de las hermanas. Ellas y otras muchas víctimas de estas situaciones empiezan a ver luz al final del túnel.