Denuncia a Carmena por retirar placas y monumentos «ajenos al Franquismo»

A las ocho de la tarde de ayer, la situación llegó al esperpento : el Consistorio anunciaba que, «por un error interno», volvía a colocar la placa en recuerdo a los ocho carmelitas muertos el 18 de agosto de 1936, retirada el viernes del cementerio de Carabanchel.

No es esta la única metedura de pata del Ejecutivo de Ahora Madrid. También ha quitado la placa a José García Vara , sindicalista de la Falange asesinado en abril de 1935 (es decir, quince meses antes del inicio de la Guerra Civil), a quien la concejal de Cultura, Celia Mayer, vinculaba con el franquismo. También entran en esa nómina de errores el conjunto escultórico a José Calvo Sotelo y su recuerdo en Velázquez, 89. Cualquiera con una mínima noción de historia sabe que el político conservador fue asesinado la madrugada del 13 de julio de 1936, menos de una semana antes del inicio de la contienda fratricida. Difícilmente, pues, entraría en el catálogo de Ley de Memoria Histórica .

Mayer lo justificó así: «Son varias informaciones técnicas, muchos vestigios. Hay varios monumentos retirados porque el principal articulado de la ley tiene que ver con la represión y la violencia en la dictadura». Los siguientes de la purga serán la lápida a los Caídos en Chamartín de la Rosa , en la plaza del Duque de Pastrana; el homenaje a los Mártires de la Sacramental de San Isidro , y la placa de la plaza de los Hermanos Falcó y Álvarez de Toledo (Barajas).

Esta retahíla de errores y el hecho de que Carmena se haya adelantado al informe técnico encargado por el propio Ayuntamiento y que no estará hasta finales de abril son las bases de la demanda en los juzgados del PP. Esperanza Aguirre acusa a la alcaldesa y a la concejal de Cultura de un delito de prevaricación por «quitar de forma intencionada y a sabiendas de su injusticia varios monumentos ubicados en la capital de España ajenos al franquismo y que no vulneran la Ley de Memoria Histórica ».

Según el portavoz adjunto de los populares en el Consistorio, Íñigo Henríquez de Luna, la denuncia solicita la inhabilitación de Carmena «para empleo o cargo público» durante un tiempo de «entre 9 y 15 años», basándose en el artículo 404 del Código Penal. «Es obvio –dice el escrito– que las resoluciones administrativas son groseramente ilegales, y por tanto, merecedoras de un reproche penal». Los populares mantienen que «la retirada de estos símbolos vulnera las exigencias del artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica».

La visión del Gobierno local es diametralmente distinta. Sostiene que «esos vestigios franquistas son de titularidad pública y que todo responde a un interés político del PP, con unas informaciones muy interesadas justo en el momento en el que están saliendo casos de corrupción». Mayer insistió en que «no es necesaria ninguna autorización reglamentaria para proceder a su retirada » y en que la placa de García Vara, en la calle de Arrieta, y el conjunto del Alférez Provisional no gozan del nivel de protección que impida su retirada. El PP dice que es Bien de Interés Cultural.