El Gobierno revisará los delitos sexuales en el Código Penal tras la sentencia de «La Manada»

El portavoz se refirió a la «deleznable agresión sexual que sufrió una joven por parte de cinco hombres en los sanfermines de 2016». Tras recitar el consabido «respetamos y acatamos» las decisiones judiciales , recordó que no es una sentencia firme, sino que caben recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y ante el Tribunal Supremo.

A primera hora de la mañana, el ministro de Justicia, Rafael Catalá , llevó al Consejo de Ministros, presidido por Mariano Rajoy , la decisión de pedir a la Sección Penal de la Comisión General de Codificación (un órgano colegiado que asesora al ministro) un estudio para valorar si es necesaria una actualización de la tipificación de los delitos sexuales, que data del Código Penal de 1995, en la época de Felipe González como presidente.

Fuentes del Ministerio de Justicia precisaron que Catalá ha pedido, en concreto, un informe sobre la tipificación en el Código Penal de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales y su adecuado reflejo en nuestro ordenamiento jurídico y sobre una eventual actualización de esos delitos.

En estos 23 años, desde el Código Penal de 1995, la sociedad ha cambiado «afortunadamente», según Méndez de Vigo. Hoy en día hay «una mayor sensibilización, concienciación y tolerancia cero hacia este tipo de actuaciones». Y por eso el Gobierno considera que es necesario « reflexionar » sobre una posible reforma del Código Penal. Esta decisión no está tomada ni mucho menos, y desde el Ejecutivo se insiste en que tendría que llevarse a cabo de forma «sosegada» y con el consenso de todos los grupos parlamentarios. Al ser una ley orgánica, requiere la mayoría absoluta del Congreso para llevarse a cabo.

La última reforma del Código Penal que tuvo lugar en 2015 modificó delitos contra la libertad sexual. Entre otras cuestiones, la edad mínima de consentimiento (16 años), agravó las penas para los delitos de abuso sexual , explotación de menores y pornografía infantil y tipificó como delito la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas obtenidas con el consentimiento de la víctima pero divulgadas sin su conocimiento («sexting»).

Anteriormente el texto original del Código Penal de 1995 ya se había modificado en otras ocasiones (para incorporar la referencia a la indemnidad como bien jurídico protegido, para incorporar la precisión referida al concepto acceso carnal, respecto de las vías en que se materializaba el mismo (vaginal, anal o bucal) , así como la introducción de objetos o la agravación de las conductas cuando los hechos se cometiesen por acción conjunta de dos o más personas.

El ministro portavoz recalcó que la iniciativa de Catalá muestra la voluntad del Gobierno de luchar firmemente contra la «lacra social» que supone la violencia de género. Hay que hacerlo, explicó, desde el Código Penal, pero también desde una mayor sensibilización y concienciación de la sociedad, «algo que ya se está produciendo». También, aseguró, en el ámbito educativo. «Tenemos que trasladar esa nueva actitud social que hay en nuestro país a los textos legislativos».

«El Gobierno quiere recalcar que siempre ha estado, está y va a estar con los víctimas. Por eso, el primer pacto de Estado de esta legislatura ha sido contra la violencia de género», afirmó el portavoz. Fuentes del Gobierno reconocieron que hay un «problema» evidente en la adolescencia, donde quieren actuar de forma especial para cortar de raíz comportamientos machistas.

Mientras, la Fiscalía anunció ayer su intención de recurrir en los próximos días la sentencia ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Mantiene su consideración inicial de que «los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual».

En sus conclusiones definitivas al finalizar el juicio la fiscal Elena Sarasate mantuvo que la intimidación que los miembros de la Manada ejercieron sobre la víctima « fue gravísima e impidió resistencia o huida, no le quedó más remedio que someterse ». «La denunciante no consintió», sentenció.

Se trató, dijo, de una «actuación de forma conjunta y organizada» que constituye un delito de agresión sexual continuada. «Se produjeron sin consentimiento y bajo violencia e intimidación. Cuando los acusados terminaron y consiguieron lo que querían, la dejaron tirada y semidesnuda», dijo.