Más de 2 años para ir a juicio

La fase de investigación , aquella que va desde el momento de la apertura del caso a la formulación de acusación por el Fiscal, dura de media 390 y 700 días , según el tipo de procedimiento y su complejidad: si es abreviado, 393; si es un sumario ordinario, 722; y si es con jurado, 538 días.

Pero la Fiscalía lamenta que los retrasos se acumulan de forma « desproporcionada» en la fase intermedia –desde la formulación de la acusación hasta que se fija el juicio–, período en el que, de media, los trámites duran 484 días en los procedimientos abreviados, 175 en los sumarios y 305 y en los casos de tribunales de jurado.

El Ministerio Público explica que aunque las mayores dilaciones se dan en procesos complejos por la materia, por el número de sujetos implicados o por ser transfronterizos, también las hay en procedimientos sencillos, provocando que se prolonguen «más allá de lo que sería razonable».

La memoria, a partir de los datos de las fiscalías territoriales, analiza las causas de dichos retrasos, entre las que hace hincapié en la « deficiente» estructura del proceso penal . Insiste en ese sentido en que deben ser sus representantes quienes dirijan las investigaciones en lugar de los jueces instructores, pues el papel de éstos ralentiza los trabajos, a los que los fiscales darían más flexibilidad.

Asimismo, critica la «e xcesiva» burocratización del proceso judicial : Un 15 por ciento de las actuaciones desarrolladas son duplicidades derivadas por asuntos que sólo pretenden determinar el órgano competente para el conocimiento del asunto.

Según la memoria, un 67 por ciento de procedimientos incoados se archiva y sólo un 4 por ciento de los incoados llega a juicio oral. La falta de especialización de los órganos judiciales , la carencia de unidades de apoyo técnico especializado, la excesiva amplitud del régimen de recursos y la necesidad de acudir a la cooperación judicial internacional, son otros motivos que, para la Fiscalía, provocan lentitud en la justicia.

También señala como deficiencia la pluralidad de partes en los procesos, ya que considera que por ejemplo, las acusaciones particulares o populares siguen estrategias distintas y reiteran la práctica de una misma prueba en distintos momentos.

La fiscalía incluye en la memoria las soluciones que considera que acortarían la duración de los procesos, como potenciar las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, evitando que deban ser reiteradas después en sede judicial.

Otras propuestas son limitar el régimen de recursos, crear unidades de investigación en las fiscalías territoriales y tribunales de instancia con base provincial, así como revisar las posibilidades de actuación de las partes para evitar dilaciones «indebidas».

Para eliminar la burocracia y descargar a la maquinaria judicial de los procedimientos que carecen de viabilidad procesal, considera que los atestados en los que no se haya determinado un presunto autor conocido no entren en el circuito judicial.

Finalmente, cree que habría que revisar la estructura del proceso penal de manera que la fase de investigación se ciñese a valorar si procede o no la apertura de juicio oral y estableciendo una fase intermedia que permitiese al órgano jurisdiccional realizar un «auténtico» juicio de acusación.