El Supremo investigará a Chaves y Griñán por el caso de los ERE

Respecto a las otras personas no aforadas, la Sala acuerda que el procedimiento continúe en el órgano competente, es decir, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El instructor de la causa será el magistrado Alberto Jorge Barreiro. En su auto los jueces hacen constar que en este momento procesal la Sala solo tiene que verificar si en la exposición de la juez Alaya se consignan hechos que, «según una valoración muy provisional pudieran ser delictivos, y si existen indicios consistentes, o dicho de otra forma, principios de prueba de la participación en ellos de las personas aforadas».

Así, fuentes jurídicas señalan que de lo expuesto en la exposición razonada remitida al Supremo resulta indiciariamente que en el ámbito de la Junta de Andalucía, concretamente desde la Consejería de Empleo, y con la finalidad de proceder al pago de ayudas a empresas, ayudas sociolaborales y ayudas directas a trabajadores se organizó un sistema que se llevó a efecto desde el año 2000 durante un periodo de tiempo aproximado de 12 años. Este sistema permitía disponer de importantes cantidades de dinero ascendentes a 855 millones de euros para hacer efectivos aquellos pagos «sin sujetarse al procedimiento y controles propios de las subvenciones, a pesar de que esa era la naturaleza jurídica de las referidas ayudas».

El Ministerio Público también era partidario de que el Tribunal Supremo investigara a los aforados que le competen, mientras que los otros cinco aforados (Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Ávila, Manuel Recio y María del Mar Moreno) deberían ser investigados, según el criterio del Ministerio Público, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.