Por qué el nuevo 9-N también es un fraude

A diferencia de la consulta anterior, no ha habido en esta ocasión acto administrativo que sustente la convocatoria, pero sí una página web, la de la Generalitat, en la que se ha aportado toda la información relativa al referéndum. A ello se suman las declaraciones de Artur Mas, tomando la iniciativa y planificando una nueva consulta tras la suspensión de la anterior por parte del Tribunal Constitucional. La convocatoria, por tanto, es directamente imputable a la Generalitat de Cataluña, con actuaciones que tienen «efectos jurídicos y trascendencia externa».

Las preguntas que se quieren formular son las mismas que las de la anterior consulta. «¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado?». «En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?». El futuro político de Cataluña como la posibilidad de que una parte del territorio español se separe unilateralmente y forme un Estado política y jurídicamente independiente del Estado español vulnera de manera patente la Constitución. «La convocatoria pretende hacer visible una participación popular colectiva que aparecería como sujeto soberano distinto» del señalado por la Carta Magna como único titular del cual emanan todos los poderes del Estado. Este falso sujeto soberano se pronunciaría, además, sobre una propuesta que pone directamente en cuestión la unidad de España contraviniendo así la indisoluble unidad de la Nación española.

La consulta es un verdadero proceso de participación de carácter político. Se dirige, aunque lo exceda, a todo el cuerpo electoral de Cataluña de manera idéntica a como lo hizo el decreto de convocatoria suspendido. «Es cierto que no va a utilizarse un censo electoral (aunque se prevé un registro de participantes) pero la consulta se dirige a todos los ciudadanos, por los que los efectos son idénticos, con el incoveniente de que la consulta carece de esta garantía para asegurar su pureza democrática» dice la Abogacía del Estado. Se pretende así conseguir igual apariencia de garantía que un referéndum «enmascarando, maquillando y adulterando el concepto de cuerpo electoral de Cataluña». Además, la Administración de la Generalitat ha asumido, con el apoyo de voluntarios, las funciones de determinación de los lugares de votación, del acto mismo de la votación en urnas confeccionadas al efecto y con el recuento consiguiente de votos. En definitiva, las funciones propias de la Administración electoral.