El Gobierno ya no espera al PSOE y quiere las leyes anticorrupción para marzo

El objetivo es aprobar lo antes posible las 50 medidas de regeneración democrática y contra la corrupción que contienen esas leyes y que entren en vigor en marzo, dos meses antes de las elecciones municipales y autonómicas. Moncloa quiere enviar así un mensaje a los ciudadanos para recuperar la confianza en las instituciones y constatar que se aprueban medidas y controles férreos para luchar contra la lacra de la corrupción.

Con todo, el Ejecutivo ve posible aún algún tipo de acuerdo con los grupos de la oposición . Fuentes de Moncloa explicaron que el Gobierno y el PP están abierto a estudiar y acordar las enmiendas que se presenten durante la tramitación parlamentaria. Confían, además, en que la aprobación final tenga un amplio respaldo porque «en lo esencial hay acuerdo».

La activación de la operación Púnica rompió de golpe unas negociaciones entre el Gobierno y el PSOE sobre las leyes anticorrupción que estaban en fase muy avanzada, con un acuerdo prácticamente hecho a falta de los últimos flecos y de concretar la fecha para hacerlo realidad. Era el gran pacto de Estado del PP y del PSOE de la legislatura, al que luego se sumarían otros grupos del Parlamento. Pero Francisco Granados y la «organización criminal» a la que pertenecía, según el juez que le envió a prisión, hicieron saltar por los aires el acuerdo.

El PSOE dio por rotas las negociaciones, aunque fuentes de Moncloa tienen claro que no hay ninguna discrepancia de fondo con el paquete, sino que se trata de «táctica» política. Los socialistas hicieron lo mismo el año pasado, cuando se negaron a aprobar en el último momento la ley de Transparencia, pese a estar consensuada.

La negociación de las leyes anticorrupción comenzó en marzo en el Congreso. La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, optó por enviar los textos al Parlamento y tenerlos como base para empezar a hablar con los socialistas. Algo que, a la larga, ha permitido que la tramitación se ponga en marcha con carácter inmediato. Los comicios europeos frenaron el diálogo, y la posterior elección del nuevo secretario general del PSOE, también. Por fin, a la vuelta del verano se intensificaron los contactos. Se sentaron a la mesa, por un lado, el Gobierno representado por José Luis Ayllón (secretario de Estado de Relaciones con las Cortes), el PP con Alfonso Alonso y José Antonio Bermúdez de Castro, y el PSOE con Antonio Hernando y José Enrique Serrano.

Las reuniones fueron viento en popa y todo parecía listo para presentar al resto de los grupos un principio de acuerdo. El PP rechazó alguna propuesta socialista, como la que pedía que todos los delitos de corrupción acabaran en la Audiencia Nacional. Los populares y el Gobierno entendieron que podría producirse un colapso total, y descartaron la idea, lo que no impidió en absoluto que el acuerdo avanzara de manera decidida.

Las leyes anticorrupción tienen ahora la máxima prioridad para el Gobierno y el PP, después de meses de retraso por buscar un pacto que al final, como se temían algunos en Moncloa, no se ha producido. Ahora, esperará a que termine el debate y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (esta semana se debaten en Comisión y la siguiente se aprueban el dictamen y las enmiendas correspondientes en Pleno) y acto seguido se llevará a cabo el debate de totalidad de las leyes de control financiero de los partidos y del estatuto del alto cargo. Podría ser el jueves día 20, con el debate inicial en Pleno. El Gobierno prevé que estén aprobadas en el Congreso antes de fin de año y enviadas inmediatamente al Senado. Tras el mes inhábil de enero, la Cámara Alta haría la segunda lectura de las leyes a lo largo de febrero y quedarían definitivamente aprobadas en marzo.

Junto a estas leyes, podrían aprobarse reformas urgentes de los Reglamentos del Congreso y del Senado, para adaptar las medidas que afecten a sus señorías. Los parlamentos autonómicos tendrán que hacer lo mismo con sus respectivos reglamentos.

Hay un tercer grupo de medidas, las penales y procesales, que el Gobierno ya anunció que incorporaría a la tramitación de la reforma del Código Penal. Consisten en el endurecimiento del reproche penal de los delitos relacionados con la corrupción, la inclusión del nuevo tipo penal de financiación il egal de los partidos y la agilización de los procesos judiciales en casos de corrupción.