Mas se encomienda a los ayuntamientos dispuestos a desobedecer al Constitucional

La incertidumbre sobre el momento en que el presidente catalán firmará el decreto de convocatoria de la consulta ha disparado diversas hipótesis. Pero la de celebrar elecciones autonómicas el 9-N está descartada. Principalmente porque la ley electoral española, la vigente en Cataluña por tratarse de la única comunidad autónoma que carece de una ley propia, establece que hay que disolver el Parlamento autonómico 54 días antes de la celebración de los comicios. El Estatuto catalán acorta ese plazo a 40 días, pero remite precisamente a esa ley electoral catalana que no existe.

«Que hoy se haya publicado que el Gobierno catalán está preparando dos convocatorias es que quere decir que no se tiene idea de nada», dijo el portavoz y consejero de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs. «Esto son especulaciones que se hacen que si se hubieran contrastado esto no pasaría», dijo, tras subrayar que esa coincidiencia «no se puede hacer porque convocar elecciones y consulta el mismo día sería ilegal».

Homs dijo que el presidente autonómico «me ha transmitido que no se plantea el adelanto electoral ni el 9 de noviembre ni a continuación; la hipótesis y el escenario en el que trabajamos es solo el de la consulta y no las elecciones anticipadas»

El líder de CiU sigue jugando con el calendario secesionista y no aclara la fecha en la que la ley de consultas aprobada el pasado viernes en el Parlamento catalán será publicada en el Diario Oficial de la Generalitat, requisito imprescindible para que entre en vigor y pueda aprobarse el decreto de convocatoria del 9-N. Se sabe que ambas cosas se producirán esta semana. De hecho, en el Palacio de la Generalitat ya se han habilitado un plató televisivo para que el presidente catalán sea entrevistado en TV3 horas después de firmar el citado decreto.

Mas ha intentado con esta demora poner distancia con el referendo escocés , donde el «no» a la independencia y la consiguiente dimisión del líder secesionista, Alex Salmond, han supuesto un fuerte revés para el secesionismo catalán. El «president», apuntan fuentes parlamentarias, pretende superar la resaca escocesa y mantener, aunque solo sea durante un fin de semana largo -podría apurar hasta el viernes la firma del decreto-, la vigencia de una convocatoria separatista sin precedentes en la historia catalana y que será recurrida por el Gobierno español ante el Alto Tribunal.

El recurso implica la suspensión cautelar automática, pero Mas tiene un plan B: la insurrección municipal. El dirigente nacionalista, sabedor de que el TC suspenderá la ley de consultas y el decreto de convocatoria del referendo independentista, se encomienda a los ayuntamientos predispuestos al descato y a ceder espacios municipales el 9 de noviembre. La cifra de los consistorios que han votado o votarán una moción favorable a la consulta y a facilitar los recursos necesarios para hacerla, asciende ya a 782, lo que supone el 82% del total (Cataluña tiene 946 municipios).

La estrategia de movilización municipal es muy parecida a la social. En este caso es la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) la encargada de llamar a la insurrección a los ayuntamientos favorables a la consulta, al igual que la Asamblea Nacional Catalana (ANC) está detrás de las movilizaciones en la calle.

La AMI, cuyos ayuntamientos asociados están inmersos en numerosos procesos judiciales por usar con dinero público su cuota como afiliados, ha facilitado un modelo de moción estándar en la que se asegura que «los ayuntamientos garantizaremos la libertad individual y el proceso democrático, facilitando todos los recursos e instrumentos necesarios para hacer posible la celebración de la consulta de forma coordinada con el departamento competente del gobierno de la Generalitat de Cataluña», que en este caso es la Consejería de Gobernación que dirige la vicepresidenta catalana Joana Ortega.

Curiosamente, la número dos del Ejecutivo catalán es dirigente de UDC, formación que en repetidas ocasiones ha rechazado una consulta ilegal. No obstante, Ortega hizo un llamamiento a los ayuntamientos para que colaboren en la organización logística del 9-N. La predisposición a la insumisión de los consistorios favorables a la consulta, como es el caso del Ayuntamiento de Barcelona, que ya ha votado una resolución favorable al 9-N, abre muchas incógnitas. Por ejemplo, si los alcaldes y empleados municipales están dispuestos a incurrir en los delitos de prevaricación o desobediencia.