Las fosas caen en el olvido

Según la investigación que llevó a cabo el exjuez Baltasar Garzón en la causa del franquismo, 114.226 personas desaparecieron entre 1936 y 1951 a causa de la represión llevada a cabo por el régimen, un número que las asociaciones de la memoria histórica consideran por debajo de la realidad. Desde el año 2000 se han recuperado los restos de cerca de 6.000 de los asesinados. De estos últimos, 2.800 fueron exhumados en el antiguo cementerio malagueño de San Rafael, donde se calcula que se produjeron 4.400 ejecuciones.

El artículo 11 de la Ley de la Memoria Histórica establece que «las administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore». Lo redactado sólo estipula que el Estado ayude a los familiares, sin llegar a encomendarle la responsabilidad de exhumar a los españoles asesinados.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), mantiene que la entrada en vigor de la ley no supuso avance alguno. «El principal problema ha sido siempre el mismo y no se ha solucionado con esta norma descafeinada. Esto debería ser una responsabilidad del Estado y no de los hijos o los nietos de las víctimas», critica Silva. El pasado julio un contundente informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas puso de relieve esta realidad. El documento valora que, desde el retorno de la democracia, «se han dado pasos importantes aunque tímidos para asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria frente a las desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura».

No obstante, el equipo de la ONU recuerda que, de acuerdo con el derecho internacional que ha suscrito España, el Estado debe asumir una responsabilidad y «un rol de liderazgo» en la recuperación de las personas desaparecidas. Para solucionar la actual situación, Naciones Unidas lanzó una serie de recomendaciones entre las que se encuentra «adoptar, a la mayor brevedad posible, un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas». Aunque el informe fija un plazo de 90 días para que España proponga un calendario, esta iniciativa no tiene carácter vinculante, con lo que no se podrá imponer ningún tipo de sanción en caso de que el Gobierno no atienda al requerimiento de la organización mundial.

Uno de los mayores problemas que se presenta para la búsqueda y exhumación de los represaliados es la falta de fondos. Mientras estuvo en el Gobierno el PSOE otorgó subvenciones a la memoria histórica por valor de unos 25 millones de euros. Silva recuerda que a ellos ese dinero les permitió «contratar a dos o tres personas y actuar de una forma más ágil». Pero las últimas ayudas llegaron año 2011. En abril de 2012 el Ministerio de Presidencia se comprometió a que el Gobierno del Partido Popular mantendría las subvenciones a la memoria histórica aunque éstas se destinarían sólo a la exhumación de fosas. Sin embargo, a pesar del anuncio, la partida para ese fin fue eliminada en los presupuestos de 2013.

Ahora las asociaciones mantienen su actividad como buenamente pueden. Por ejemplo, las próximas excavaciones de la ARMH se sufragarán con una donación de 6.000 euros de un sindicato noruego. «Desde 2000 a 2007 las exhumaciones que hicimos fue sin dinero público», recuerda Silva para asegurar que seguirán con su labor. La ventaja con la que se cuenta, explica, es que, aunque no dispongan de dinero, sí cuentan con la colaboración desinteresada de forenses, psicólogos, antropólogos o arqueólogos. «Hay algunas personas muy cualificadas a las que no podemos pagar pero que nos ayudan de forma voluntaria», agradece el fundador de la ARMH, quien añade que, dependiendo de cada momento, a veces los equipos comen macarrones que se cocinan en una cazuela para todos y otras se les puede llevar a comer el menú en un bar.

El principal gasto económico es el derivado de las pruebas de ADN que se realizan para identificar a las personas exhumadas. Para ello la ARMH cuenta con la ayuda de un laboratorio «que se porta muy bien con la asociación» y una ONG argentina que realiza algunos de los análisis de forma gratuita.

La Ley de la Memoria Histórica ordenó dibujar un mapa a nivel nacional con la ubicación de las 2.000 fosas comunes halladas hasta el momento. El encargado de llevarlo a cabo y actualizarlo es el Ministerio de Justicia aunque su elaboración y mantenimiento depende de los datos que suministran las comunidades autónomas.

Desde el principio las asociaciones detectaron diferentes disposiciones al respecto. Mientras que Andalucía se ha implicado a fondo otras regiones como la Comunidad Valenciana prestaron una menor colaboración, por lo que el mapa no ofrece una imagen fidedigna del alcance de la represión. En cualquier caso, aunque incompleto, el mapa sí refleja que los fusilamientos y asesinatos se extendieron por toda la geografía española.

La ARMH opina que este mapa fue utilizado de forma partidista por el Gobierno socialista «para simular que estaban haciendo algo, pero en realidad no hicieron nada para recuperar a los represaliados». «Se trata de un ejemplo más -añade Silva- de la política más de discurso que de acción que hizo Zapatero».

Por su experiencia personal y el trato con centenares de familiares de víctimas, Silva sabe que, aunque hayan transcurrido décadas, el asesinato de un padre «se mantiene siempre a una distancia de unos milímetros». Su propio abuelo fue asesinado por defender la apertura en su pueblo de una escuela pública y laica. «Por esa causa política le pegaron dos tiros en la cabeza y lo abandonaron en una cuneta durante 64 años», lamenta.

El fundador de la ARMH recuerda que, una vez finalizada la guerra, las víctimas de lo que el régimen denominó «hordas marxistas» fueron exhumadas. A las que se sobrevivieron se les concedieron becas y puestos de trabajo en la administración, «pero las del otro bando aún están esperando una reparación». Cree que esta debe empezar porque «los desaparecidos forzosos dejen de ser usados de un modo partidista y que su búsqueda se convierta en un objetivo de toda la sociedad, en una política de Estado».