«Es una barbaridad no condenar el acoso a Santamaría»

Para González, la decisión judicial traslada un mensaje «peligrosísimo». El término escrache, apuntó, «no existe en el vocabulario español» y significa «una amenaza» y una «limitación de las libertades de los ciudadanos». «Me parece impresentable que alguien pueda entender que se pueden poner en la puerta de tu casa e intimidarte a ti y a tu familia e impedirte el ejercicio de tus libertades, a las cuales también tienes derecho», añadió.

Una opinión, la del presidente madrileño, que comparte el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Ayer dijo que su postura está «cerca» de la de la Fiscalía, según la cual esta conducta es «contraria a nuestro ordenamiento jurídico». Al ser preguntado si comparte que el «escrache» sea un mecanismo de «participación democrática» como sostiene la Audiencia Provincial de Madrid, Gallardón destacó que «en un Estado de Derecho todos los poderes públicos tienen que respetar las resoluciones judiciales, incluso aunque discrepen de ellas», si bien destacó que la pretensión del fiscal era «hacer justicia sobre unas conductas que consideraba contrarias a nuestro ordenamiento jurídico».

El portavoz económico del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, por su parte, valoró que ese tipo de protestas «violentan» a las personas y a su autonomía. «Todos los ciudadanos merecen la máxima protección y a todos hay que garantizarles la seguridad», señaló.

La líder de UPyD, Rosa Díez, indicó que la resolución no contribuye e hacer pedagogía democrática: «Con todo el respeto a los jueces no comparto en modo alguno que la intimidación en el hogar de un político, en este caso, sea un comportamiento ordinario de expresión democrática». Desde IU, José Luis Centella, acusó en cambio al PP de sobreactuar con el tema de las protestas por los desahucios que padecieron distintos cargos del partido para convertir «a las víctimas en verdugos».