Los artículos más actuales de la Constitución

Artículo 2 . «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».

En el Título Preliminar se integran los conceptos de «nación», «nacionalidad» y «regiones», el embrión del Estado de las autonomías, un sistema que José Luis Rodríguez Zapatero revisó con el impulso de los estatutos de autonomía. Tan lejos fueron algunas comunidades, como la catalana, que el Tribunal Constitucional invalidó algunos puntos. El artículo 2, eso sí, subraya «la indisoluble unidad de la Nación española ». El artículo 1 señala que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado».

Artículo 150.2 . El Gobierno catalán apela a este punto para que el Estado delegue la competencia del referéndum soberanista : «El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado».

El Gobierno español responde que este artículo deja bien claro que eso no es posible, ya la Constitución se refiere a los que «por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación». Y la soberanía nacional no lo es.

Artículo 155. Numerosos líderes políticos han hecho referencia a este apartado, que contempla la intervención de una autonomía , para frenar el avance soberanista de Mas: «Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general».

Artículo 148 . Enumera las competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas : organización de sus instituciones de autogobierno / funciones de los municipios / ordenación del territorio, urbanismo y vivienda / obras públicas de interés / ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma / los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales / la agricultura y ganadería / los montes y aprovechamientos forestales / gestión en materia de protección del medio ambiente / proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos / la pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial / ferias interiores / fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional / artesanía / museos, bibliotecas y conservatorios de música / patrimonio monumental de interés / fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma / promoción y ordenación del turismo / promoción del deporte / asistencia social / sanidad e higiene / vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones.

Artículo 135 . Fue la segunda reforma de la Constitución , una «reforma exprés». En pleno terremoto financiero, PSOE y PP acordaron consagrar el déficit cero como norma suprema para garantizar la estabilidad de la economía española.

«135.1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

135.2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.

Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

135.3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito».

Artículo 13.2. Fue la primera revisión de la Constitución, en el año 1992, para integrarse en el Tratado de la Unión Europea firmado en Maastrich . Esta reforma hizo posible que los ciudadanos de la Unión Europea que residían en España pudieran ser elegidos en las elecciones municipales: «Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales».

Artículo 28.2 . «Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad». 35 años después, la ley no ha sido desarrollada. Felipe González fue el presidente que más cerca estuvo de regularlo , pero la fuerte oposición tumbó su proyecto. Mariano Rajoy ha encargado al Ministerio de Empleo que estudie la cuestión para hacer «compatible el derecho a la huelga y la libertad de los ciudadanos».

Artículo 17. «Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley». Con la futura ley de Seguridad Ciudadana se sancionarán las perturbaciones del orden en actos públicos, alterar el orden público encapuchado o las amenazas y coacciones.

Artículo 122.2 . El nuevo Consejo General del Poder Judicial comenzó esta semana su mandato tras jurar sus veinte vocales el cargo ante el Rey . Un nuevo Poder Judicial pactado por la práctica totalidad de los grupos parlamentarios. La Constitución establece lo siguiente: «El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario».

Artículo 56. «El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes». Un liderazgo, el de Don Juan Carlos, que los partidos políticos han reconocido en las últimas operaciones a las que ha sido sometido.