Las ofensas a España y la prostitución cerca de menores serán infracciones graves

El Consejo de Ministros ha aprobado este mediodía el anteproyeto de ley de protección de la seguridad ciudadana que introduce varias novedades respecto a la ley actual como por ejemplo la tipificación de las ofensas y ultrajes a España, comunidades, ayuntamientos y sus instituciones como infracción grave , cuando no puedan ser considerados delito. También se introducen en esta categoría el ofrecimiento de servicios sexuales retribuidos en las cercanías de lugares utilizados por menores o en zonas donde representan iesgo para la seguridad vial. [ Así hemos contado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ]

Durante la rueda posterior al Consejo de Ministros , el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz , ha especificado que en los casos en que la prostitución sea ejercida fruto de la explotación no existirá infracción para la persona que ofrezca estos servicios. Además, el nuevo texto estipula que los padres, tutores o guardadores de menores tendrán que hacerse cargo de los daños o perjuicios que las conductas de estos comporten, mientras que los incendios provocados en las calles y la obstaculización de la vía púbica para perturbar gravemente la seguridad ciudadan, que no sean constitutivos de delitos, también quedarán tipificados como infracción grave. La cuantía de las sanciones no varía respecto a la ley actual.

En cuanto a las novedades introducidas en el capítulo de sanciones leves se encuentran las amenazas, coacciones, injurias vejaciones así como el uso de imágenes o datos personales de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que puedan poner en peligro la seguridad de los agentes o sus familias.

En total, el anteproyecto establece siete infracciones muy graves -tres menos que la ley vigente-, 31 infracciones graves y otras 20 leves. Según ha defendido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría , será un «instrumento para garantizar el libre ejercicio de derechos» y el funcionamiento de las instituciones. «Ganan espacio las libertades públicas, que estarán mejor reguladas y mejor protegidas», ha defendido frente a las crecientes críticas que el proyecto ha recibido en los últimos días.

En la misma línea, Fernández ha sostenido que el proyecto nace con el objetivo de garantizar más y mejor la seguridad de los ciudadanos siendo «escrupulosamente respetuosa con los derechos fundamentales». El proyecto pasará ahora a la agencia de proteccion de datos, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado para que todos estso organismos emitan sus respectivos informes, y el texto «pase todos los filtros jurídicos precisos para una ley de estas características», seún el titular de Interior.