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¿Ves necesario que las Cortes aprueben una ley que regule el derecho a la huelga?
Corría su tercer tour victorioso Miguel Induráin cuando ABC recogía la intención por parte de Felipe González de limar asperezas con los agentes sindicales y la patronal tras haber pactado con los primeros su Ley de Huelga, aprobada en el Congreso por mayoría, luego también llevada (y autorizada) en la Cámara Alta, en abril de 1993, y vuelta al Congreso para la tramitación de enmiendas. Ahí detuvo su camino. González y sus ministros de Economía y Trabajo, Carlos Solchaga y Luis Martínez Toval, respectivamente, habían «molestado» a los empresarios al redefinir con la UGT de Nicolás Redondo y las Comisiones Obreras de Antonio Gutiérrez los puntos clave de esa regulación del derecho a la huelga de los trabajadores sin contar con ellos. Tras la convocatoria de elecciones en junio de 1993, González quiso retomar el diálogo social en julio, como recogen las páginas de ABC del día 5, pero el Parlamento español no volvió a dialogar, ni a tratar siquiera, la necesidad de tocar una ley que vive en España con 35 años a cuestas y varios dictámenes del Tribunal Constitucional.
Cada huelga general que se ha sucedido en nuestro país (y la de mañana, la séptima, no es la excepción) los empresarios subrayan la necesidad de que los principales partidos políticos aborden con coraje la regulación de las huelgas, con apartados tan fundamentales como los servicios mínimos necesarios y en qué sectores determinados, además de los límites al ejercicio del derecho a la huelga y qué debe entenderse por piquetes informativos. Esta vez tampoco han faltado estas voces. El presidente de la CEOE, Juan Rosell, hablaba para el suplemento Empresa de ABC el pasado fin de semana y tachaba de «ilegales las huelgas políticas», amén de reiterar que se considera preciso que «tras el 29-M se regule el derecho de huelga».
abc, del 5 de julio de 1993
«La ley de huelga complica la negociación que hoy abre González con los sindicatos»
Acalorada discusión en las filas socialistas
El presidente González, que había remontado tras dos huelgas generales de infarto, especialmente la que reunió a ocho millones de personas en el año 1988 y que supuso un deterioro de las relaciones entre la UGT y el PSOE («en Felipe ya no reconozco a Isidoro», llegó a decir simbólicamente el secretario general ugetista Nicolás Redondo), quiso abordar aquel precepto constitucional no desarrollado por los políticos. La Constitución de 1978 dio carta de naturaleza como derecho fundamental individual al ejercicio libre de la huelga en su artículo 28.2, que reza: «Se reconoce el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses», Y dejó pendiente para su futuro desarrollo legislativo un límite al ejercicio del derecho: «...La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad».
El Gobierno socialista de González elaboró un borrador de ley de huelga al que los sindicatos remozaron con su propio «código de autorregulación». El Ejecutivo siguió adelante y presentó su propuesta mayoritariamente aprobada en el Congreso en junio de 1992. La oposición sindical continuó de forma que en el viaje del proyecto al Senado y en sus últimos compases legislativos el Grupo Parlamentario Socialista tuvo que pactar con los sindicatos una modificación sustancial del proyecto que produjo una fuerte reacción en contra de la CEOE.
De hecho, en las filas socialistas reconocieron una gran disensión provocada por este intento de ley, toda vez que el propio titular de Economía y Hacienda se negaba a la «marginación» de la patronal en la negociación. En el blog de uno de los diputados laboralistas que dieron luz verde a la redacción de aquel texto regulador del derecho de huelga, José María Benegas, el socialista admite que los sindicatos (que habían designado como interlocutores a José María Fidalgo y Agustín Moreno -por CC.OO.- y a José María Zufiaur y Apolinar Rodríguez -por UGT-) tenían la voluntad de que la ley de huelga fuera una norma pactada con ellos, partiendo del principio de que la titularidad del derecho de huelga era de los trabajadores. «Fueron muchas horas de negociación y de intensas negociaciones -escribe Benegas-. Finalmente se aprobó una magnífica ley de huelga, realmente innovadora. A los empresarios no les gustaba mucho, y a mi gobierno relativamente, aunque todos los pasos que dimos tuvieron el visto bueno del ministro de Trabajo, Luis Martínez Toval».
Benegas: «A la patronal no le gustó mucho el texto, y a mi Gobierno relativamente»
De hecho, en las filas socialistas reconocieron una gran disensión provocada por este intento de ley, toda vez que el propio titular de Economía y Hacienda se negaba a la «marginación» de la patronal en la negociación. En el blog de uno de los diputados laboralistas que dieron luz verde a la redacción de aquel texto regulador del derecho de huelga, José María Benegas, el socialista admite que los sindicatos (que habían designado como interlocutores a José María Fidalgo y Agustín Moreno -por CC.OO.- y a José María Zufiaur y Apolinar Rodríguez -por UGT-) tenían la voluntad de que la ley de huelga fuera una norma pactada con ellos, partiendo del principio de que la titularidad del derecho de huelga era de los trabajadores. «Fueron muchas horas de negociación y de intensas negociaciones -escribe Benegas-. Finalmente se aprobó una magnífica ley de huelga, realmente innovadora. A los empresarios no les gustaba mucho, y a mi gobierno relativamente, aunque todos los pasos que dimos tuvieron el visto bueno del ministro de Trabajo, Luis Martínez Toval».
Algunos retoques insustanciales
Martínez Toval llegó al Senado el 1 de abril de 1993 y estuvo media hora de las cinco que duró la sesión plenaria aquella tarde. El ministro abandonó la Cámara Alta sin hacer declaraciones una vez recibido el «ok» de la mayoría de sus parlamentarios, mientras la senadora y ponente de la ley, la socialista Carmen Caldeira, rehusaba concretar por qué no se habían atendido las propuestas de algunos destacados miembros del Ejecutivo en el contenido de la propia ley que aprobaban.
Entre las modificaciones que sí se aprobaron en el Senado, se encontraba el artículo 7, que regulaba los piquetes e introducía la enmienda de que «en los conflictos, los trabajadores de la plantilla podrán permanecer en los locales de la empresa». No obstante, esas variaciones no respondían a lo que Felipe González había dicho que se haría, ya que había anticipado modificaciones en las labores de extensión de la huelga de los piquetes y en la fijación de los servicios mínimos. El texto aprobado en el Senado no alteraba una palabra sobre el contenido de calado, sólo vislumbraba meros cambios técnicos y puntuales.
PP, CiU y PNV arremetieron contra el Gobierno por no oír las peticiones que coreaban los empresarios. No en vano, el senador convergente Josep Sánchez Llibre se adelantó a los hechos y llegó a afirmar que lo que su partido no ganaba en las Cortes «lo ganaría en los tribunales», presentando un recurso de inconstitucionalidad contra la ley. Pero no hizo falta.
Entre las modificaciones que sí se aprobaron en el Senado, se encontraba el artículo 7, que regulaba los piquetes e introducía la enmienda de que «en los conflictos, los trabajadores de la plantilla podrán permanecer en los locales de la empresa». No obstante, esas variaciones no respondían a lo que Felipe González había dicho que se haría, ya que había anticipado modificaciones en las labores de extensión de la huelga de los piquetes y en la fijación de los servicios mínimos. El texto aprobado en el Senado no alteraba una palabra sobre el contenido de calado, sólo vislumbraba meros cambios técnicos y puntuales.
PP, CiU y PNV se opusieron al texto y CiU anticipó un recurso por inconstitucional
En un desayuno informativo al día siguiente de su tramitación en la Cámara Alta, el 2 de abril de 1993, ante miembros de la patronal madrileña, como su presidente Fernando Fernández-Tapias, el mandatario andaluz en Moncloa defendió su Ley de Huelga, escuchó las quejas de una veintena de empresarios y las de los banqueros reunidos en el Hotel Ritz de Madrid, y dio por zanjada la polémica surgida en torno a esta ley. Tomó nota, dijo, de sus reproches, y volvió a convocar a todas las fuerzas sociales a redialogar sobre el contenido del texto. La reunión tuvo que concluir, ante la llamada de Don Juan Carlos al presidente del Gobierno comunicándole que su padre, Don Juan de Borbón, había fallecido.
Con sus ministros enconados, la patronal de uñas y la campaña electoral de por medio, el proyecto de ley aprobado se frenó en su vuelta al Congreso y aquel texto murió en el intento.
A partir de ese momento, ha parecido mejor no forzar más la discusión. Y la ley de huelga, 35 años después, sigue siendo una asignatura pendiente de la democracia española.
