La Generalitat tapó una denuncia sobre los contratos a dedo del cuñado de Artur Mas

Actualizado:

La Oficina Antifraude de la Generalitat tiene en su poder desde principios de noviembre de 2011 una denuncia de 27 páginas sobre distintas irregularidades en la contratación pública de servicios informáticos. Se trata de «adjudicaciones a dedo», «nepotismo», «despilfarro» y otras arbitrariedades, recopiladas por un grupo de trabajadores del área tecnológica del Departamento de Territorio y Sostenibilidad pertenecientes a la sección sindical de la CNT-AIT.

Unas dos semanas después de presentar la denuncia en Antifraude, «nos llamaron y nos reunimos con un inspector, pero nos dijo que sólo les interesaba lo que afectaba al Gobierno del tripartito, no a CiU», aseguran a ABC los autores de la denuncia.

El documento apunta hacia los dos partidos que han gobernado en Cataluña: «Tanto CiU, PSC, como la entidad pública CTTI (Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat) han creado una capa totalmente opaca con el único objetivo de beneficiar a las empresas afines a costa del contribuyente y de los trabajadores».

Cuando fue presentada la denuncia, la empresa que fichó al cuñado de Artur Mas, Joan Antoni Rakosnik, aún no había conseguido los contratos de más de 300 millones de euros revelados por ABC, pero los trabajadores ya apuntaban a Seidor. Citan la adjudicación de un contrato en el que Seidor recibió «puntuación incorrecta», lo que provocó una queja oficial de la empresa mejor valorada, que, tras el nuevo cálculo, «debería haber ganado la adjudicación». La firma en la que trabaja Rakosnik ha recibido «multitud de contratos sin salir a concurso», dicen, hasta incluso la «adquisición de un portátil de 4.000 euros para Ignasi Laquente» (responsable del Área de Tecnologías de la Información del departamento de Política Territorial).

Recolocado

El documento destaca que el mismo Ignasi Laquente fue quien «volvió a traer a Rakosnik» después de que el Gobierno del tripartito ordenara su despido por estar ocupando un puesto de coordinador a través de una empresa privada -con un coste de cien mil euros anuales- para el que ya había un empleado público.

Cuando el tripartito llegó al poder, en 2003, Pasqual Maragall encargó un informe sobre la gestión de los gobiernos de Jordi Pujol, en el que ya se denunciaban contrataciones irregulares en el área de informática, entre otras. La denuncia que interpuso la CNT recoge un análisis del exfiscal jefe Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo sobre el informe del tripartito. El jurista sostiene que «debería investigarse si había algún tipo de relación entre los accionistas y administradores de T-Systems y responsables de CiU, así como si los desvíos presupuestarios habían beneficiado a alguien en particular».

La multinacional alemana T-Systems es una de las principales beneficiarias de la contratación pública de este sector. Villarejo asegura que «los empleados de T-Systems eran, a menudo, los responsables informáticos en determinados departamentos de la Generalitat (...) y para ahorrarse el tiempo y el trabajo de tramitar un concurso adjudicaban determinados proyectos a la citada empresa» que luego los «subcontrataba». El exfiscal asegura que de este modo «se vulnera el principio de publicidad y concurrencia» y que habría sido más barato para la Generalitat contratar directamente al subcontratista.

En esta línea, la denuncia presentada en Antifraude, de la que los autores no saben «absolutamente nada» desde hace dos años, destaca el «gasto innecesario que provocan las cadenas de subcontrataciones infinitas amparadas por la Generalitat». Según fuentes consultadas por ABC, el Gobierno catalán paga a una empresa «80.000 euros anuales por un empleado, pero el trabajador sólo cobra 24.000. La diferencia se la van quedando las distintas empresas subcontratistas». Este diario no pudo preguntar ayer a la Oficina Antifraude qué ha ocurrido con esta denuncia por ser festivo en Barcelona.

La CNT de Barcelona mantuvo un intenso conflicto laboral por subcontratación ilegal del personal informático que tras dos años ha sido resuelto por la Justicia a favor de los trabajadores. Les otorga categoría de personal laboral indefinido de la Generalitat, que los ha de recontratar, a la espera de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.