Campaña de los jueces vascos contra la supresión de escoltas

La queja del órgano de gobierno de los jueces vascos es que la comunicación de la supresión de la escolta se hiciera a comienzos de agosto mediante una llamada telefónica sin dar las explicaciones «Ha sido una muestra de desconfianza y una falta de consideración»oportunas que justifiquen que ya no hay riesgo de amenaza terrorista para estos magistrados. «No se ha hecho de la manera como se debería haber hecho. Ha sido una muestra de desconfianza y una falta de consideración. Desde el punto de vista institucional, no es serio », ha criticado González Guija.

El decano de los jueces de Bilbao ha recordado que bastantes parlamentarios y concejales, además de consejeros del Gobierno Vasco, siguen llevando protección, cuando a los altos cargos judiciales se les ha comunicado de forma «implícita» que existe «riesgo cero» de amenaza terrorista . «Si cualquier cargo judicial es susceptible de no llevar protección, que se diga. No tenemos inconveniente en aceptarlo, pero que se nos diga», ha comentado González Guija .

El Ministro del Interior y el departamento de Seguridad vasco eran los encargados de facilitar la seguridad a las cinco autoridades judiciales que mantenían la escolta, ya que a los demás jueces y magistrados, se les ha ido suprimiendo progresivamente.

El plan de protección individual para el personal de Justicia del País Vasco se puso en marcha a raíz del asesinato del magistrado de José María Lidón a manos de ETA en 2001 y quedó sujeto a una revisión cuando las circunstancias fuesen favorables. De los cinco altos cargos que seguían con ella, el departamento de Seguridad vasco sólo ha ofrecido mantenerla al presidente del TSJPV, aunque por el momento, Ibarra no dispone de ninguna protección ni de ningún vehículo de seguridad.

La Sala del Gobierno del TSJPV aprobó el pasado lunes un acuerdo solicitando al Ministerio del Interior que se haga cargo de la seguridad de las autoridades judiciales vascas y que disponga de fondos para este cometido en los presupuestos del Estado para el próximo año. Los jueces también consideran oportuno que la Junta de Seguridad –órgano paritario de las administraciones local y autonómica– abirde esta cuestión.