Los sindicatos se apoderaron de siete millones de indemnizaciones a los parados

Estas revelaciones se conocieron después de que la juez dejara en libertad al abogado Carlos Leal, que pudo pagar los 150.000 euros de fianza que le impuso por sus siete imputaciones, tras señalar no solo al exconsejero de la Junta de Andalucía, sino también a las formaciones sindicales. Con esos testimonios, la juez cree que ese dinero no se destinó a su finalidad pública, sino que se utilizó «para un uso particular y ajeno a los trabajadores», como fue abonar al despacho del letrado imputado cinco millones de euros correspondientes a su relación con Uniter, «no descartando que los sindicatos pudieran haberse quedado con una parte».

«Un centro de lavado»

Leal, a quien la instructora acusa de convertir el despacho Estudios Jurídicos Villasís en «un centro de lavado», actuaba en procesos de reestructuración empresarial que por su cercanía a los sindicatos y a la Junta obtenían financiación pública «en detrimento de otras empresas y trabajadores que no tenían tales contactos ni las subvenciones sociolaborales le eran conocidas». Un ambiente de «cierto privilegio» en el que, dice, tenían garantizados los honorarios por los fondos públicos. Pero sin duda otra revelación novedosa es la que apunta a que los sindicatos crearon «el invento» de las asociaciones «para canalizar» subvenciones que tuvieran que percibir para ejercer acciones sindicales.

Así ocurrió, por ejemplo, con la Asociación de la Faja Pirítica de Huelva, carente de asociados y de estructura asociativa y que fue sólo «un instrumento en manos de de UGT y CC.OO. que contaba solo con junta directiva de dichas organizaciones sindicales y con seis empleados de los sindicatos costeados por la Junta de Andalucía». «¿No es más cierto que la Asociación de la Faja Pirítica era una simple pantalla en la que detrás solo estaban los sindicatos?», preguntó la juez a Leal. Por eso, el fiscal anticorrupción insistió en que se trataba de «una mera pantalla que habría burlado todos los controles fiscales, laborales y administrativos».

Alaya considera que, una vez que obtuvo las ganancias ilícitas, el abogado Leal serviría de «canal de distribución» para su enriquecimiento y para atender a las necesidades de terceros integrantes de la trama. También que el imputado, que trabajó con las dos mediadoras Vitalia y Uniter, «era conocedor y beneficiario de las sobrecomisiones» que ambas cobraban de la Junta. Y que, de hecho tuvo a Juan Lanzas trabajando en su despacho. El conseguidor de los ERE tenía asignado un sueldo de 22.000 euros al año, 1.500 al mes. Lanzas proporcionaba a Leal clientes «por sus conocimientos e influencias en los sindicatos y la Junta de Andalucía» y a su vez encontraba en el despacho de abogados «la apariencia necesaria para desarrollar su trabajo de conseguidor que le proporcionó pingües beneficios», cerca de trece millones de euros.

Servicios inexistentes

Con todo, la juez cree que el bufete Estudios pagó al entramado de Lanzas 1.156.131 euros mediante facturación falsa «por servicios inexistentes» y facturas elaboradas por el testaferro Eduardo Leal. «De esta manera Leal blanquearía las ganancias obtenidas por Lanzas y ello a cambio de la contraprestación oportuna, clientes y dinero, pues Eduardo Leal entregaría sobres con dinero» al abogado.

La juez concluye que Leal, además de realizar operaciones de blanqueo, tenía una relación con el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, «de prestarle continuos favores personales» y con Lanzas que consistía en «abonar con sus supuestos honorarios facturas falsas a su entorno». Eso y su excesiva exposición para los beneficio reportados completan su «presunto rol delictivo».