Jorge Fernández Díaz: «En Cataluña no puede imperar la ley de la selva»

—¿Qué debe hacer un Estado de Derecho cuando un Parlamento desaira al Tribunal Constitucional y dice que una declaración soberanista suspendida sigue «vigente»?

—El TC ha decidido suspender esa declaración y es evidente que el Parlamento catalán debe acatarla. En Cataluña no puede imperar la ley de la selva. Y en un Estado de Derecho, un Parlamento tiene que ser especialmente respetuoso, porque si no respeta las leyes tampoco podrá pedir respeto para las leyes que emanen de él.

—¿Está actuando el Gobierno con la suficiente contundencia frente a este desafío secesionista? Muchas voces le acusan de debilidad.

—Más que de contundencia, de lo que habría que hablar es de una respuesta adecuada e inteligente. El Gobierno, y muy especialmente el presidente, está actuando con lo que yo llamo la «fuerza tranquila» y con profunda serenidad. Pero al mismo tiempo con absoluta convicción, diciendo por activa y por pasiva que va a cumplir y a hacer cumplir la ley. Que nadie confunda serenidad con debilidad.

—Pero ante un caso de desobediencia civil, ¿cómo se traduciría en términos reales esa contundencia?

—No hablemos de escenarios que nadie desea y confiemos en que las aguas vuelvan al cauce del que nunca debieron salir. Es evidente que el Gobierno hará cumplir la Constitución…, que nadie tenga la más mínima duda, empezando por Artur Mas.

—¿Se agotará la legislatura en Cataluña o habrá otro adelanto electoral?

—La anterior legislatura fue la más efímera de la historia de la Generalitat restaurada, desde 1980. Artur Mas batió el récord de los récords cuando a mitad de legislatura, y teniendo garantizada la gobernabilidad, decidió disolver el Parlamento de Cataluña y convertir las elecciones en un plebiscito. El resultado que obtuvo habla por sí mismo: de 62 a 50 diputados. Hoy las encuestas dicen que si persiste en esta deriva se puede encontrar bajo mínimos, sencillamente, porque está gestionando el programa de ERC con planteamientos que desbordan la Constitución y el sentido común.

—Es difícil que se agote, entonces…

—Si después de convocar elecciones obtuvo su mínimo histórico de votos, y ahora volviera a hacer lo mismo, Mas no tendría la autoridad moral y política necesaria como para encabezar un proyecto o una candidatura en esas circunstancias.

—¿Sigue ETA activa? ¿Hay células clandestinas activas, como dice Francia?

—La posición del Gobierno es exigir que ETA se disuelva. Y mientras no lo haga, el Gobierno va a seguir actuando. Han sido 56 las detenciones de personas vinculadas a la banda en este año y medio. Y así vamos a seguir hasta su disolución. El Gobierno no quiere vivir contra ETA, sino vivir sin ETA.

—¿Y cómo se alcanza ese objetivo?

—Hay dos posibilidades: como hace 30 años, cuando ETA-pm se disolvió... o acabando como unas simples siglas como el Grapo. Mientras tanto, el Gobierno seguirá luchando con la estrechísima cooperación de Francia. ETA está en extrema debilidad operativa, en la clandestinidad, y manteniendo lo que le queda del «aparato logístico» apenas para subsistir. La ETA que hemos conocido y padecido durante cincuenta años ya no existe ni va a poder existir. Pero hasta que no disuelva lo poco que le queda no se puede cantar victoria.

-Y si se disolviera, ¿cuál sería el siguiente paso del Gobierno?

-Verificarlo. Le aseguro que el Gobierno sabrá gestionar, en el marco de la ley, el día después. ETA debe asumir que no le queda otra salida.

-¿Hay algún riesgo de escisión ?

-Riesgo de escisión, como tal, no. Pero que unos pocos quieran hacer alguna barbaridad no puede descartarse.

-ETA ha intentado negociar con el Gobierno en Oslo.

-El presidente ya dijo en sede parlamentaria que si portavoces de ETA fueron acogidos en Oslo, o si han permanecido allí esperando, nada de eso tiene que ver con este Gobierno. Sabemos todo lo que teníamos que saber. Pero si hay gente que esperaba que el Gobierno negociase con ellos, hoy ya saben la respuesta. El Gobierno no negocia con terroristas.

-¿Usted tenía un plan de acercamiento progresivo de reclusos que ha quedado suspendido por la actitud de ETA? ¿Es la banda la carcelera de sus propios presos?

-Sin vincular una cosa con otra, estoy de acuerdo con lo segundo. Si ETA se disuelve y el número que sea de presos se desvinculan de la banda y cumplen con el ordenamiento, no tiene por qué aplicárseles con carácter general la dispersión. Desde ese punto de vista, es evidente que son la propia ETA y la «izquierda abertzale», al no exigirle que se disuelva, las que están impidiendo que se apliquen a los presos todas las posibilidades de nuestra legislación penitenciaria.

-¿Cómo sobrelleva las críticas de las víctimas del terrorismo?

-Aun cuando íntimamente pueda pensar que sus críticas son injustas, siempre estaré al lado de ellas y las respetaré. Pero si las críticas vienen de personas a las que quiero y respeto, como las víctimas, sí duele.

-El papel de la UDEF en distintas investigaciones judiciales está siendo polémico. ¿Se plantea cambios?

-Hay que distinguir dos cosas: cuando algún miembro de la UDEF actúa como Policía Judicial y cuando la UDEF, como tal, no actúa como Policía Judicial. En el primer caso, esos agentes no están sometidos a la autoridad del Ministerio del Interior, sino a los jueces y a los fiscales. Dicho eso, la UDEF es una unidad profundamente profesional. Yo hago esta reflexión: de ella unos han dicho que actúa como la Inquisición y otros se han preguntado «qué coño es eso de la UDEF»… ¿Recuerda? Mire, se le ha criticado desde todos los ángulos políticos, lo cual da a entender que actúa con independencia, imparcialidad y profesionalidad. Pero ojo, estoy hablando de la UDEF, no de elementos de la UDEF que actúan bajo la autoridad de un juez. Y si el ministro del Interior intentara entrometerse en los informes de esos miembros de la UDEF o en sus decisiones, incurriría probablemente en un delito.

-Entonces, ¿por qué se atribuyen a la UDEF documentos que niega que sean suyos? Por ejemplo, sobre supuestas cuentas suizas de la familia Pujol.

-El mismo día en que se publicaron esas informaciones, pedí a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que abriera una investigación para aclarar quién o quiénes fueron los autores y quién trasladó a la prensa esa información. Tras meses de investigación, se me dijo por escrito que no se había podido verificar quiénes fueron los autores. El propio jefe de la UDEF reconoció que no había sido la UDEF la autora de ese informe, y un juzgado de Barcelona ha archivado el caso.

-¿Le ha escandalizado la existencia de una red de espionaje a políticos, empresarios, deportistas...?

-Me escandalizaría que no hubiera respuesta a esas conductas ilegales y execrables. Pero el Estado de Derecho está funcionando. Por ejemplo, hay más de 150 detenidos en la operación Pitiusa, en la que están implicados empresarios, funcionarios, detectives…

-¿Cree, como el presidente del Supremo, que los acosos a políticos, si no son violentos, son el ejercicio de libre manifestación?

-Con todo respeto, radicalmente no. En este caso se está actuando de manera ilegal porque se trata de actos de hostigamiento e intimidación que vulneran el derecho a la intimidad personal o a la inviolabilidad de los domicilios. Para nada comparto lo dicho por el presidente del Supremo.

-Viendo cómo algunas personas, entre ellas incluso diputados como Sánchez Gordillo, invaden propiedades privadas y aquí no pasa nada, ¿no cree que se está trasladando a la sociedad cierta permisividad?

-Eso de que «no pasa nada» no es así en lo que se refiere a Interior. Cuando el pasado verano invadieron fincas y supermercados, esas personas fueron detenidas y puestas a disposición judicial. A partir de entonces ya no es nuestra responsabilidad.

-Pero hay sensación de impunidad.

-Comprendo que esa sensación pueda producirse.