Ocho de cada diez españoles piden que los etarras cumplan su condena íntegra

Hoy sólo dos de cada diez españoles responden no a la ilegalización de Bildu; casi la mitad de los encuestados, el 45,4 por ciento optan por sacar del arco parlamentario a los proetarras, mientras que un tercio no sabe o no contesta. Si se limita el muestreo a los que dan una opinión, siete de cada diez españoles están por la ilegalización y tres en contra.

Los resultados son similares ante la pregunta de si actualmente Bildu apoya a ETA. El 42,5 por ciento de los entrevistados piensan que sí, por sólo el 14 por ciento que responde no. Si se elimina a los que no se pronuncian (un elevado 43,5 por ciento), la balanza es muy clara: tres de cada cuatro opinan que Bildu apoya a ETA y sólo uno dice lo contrario.

DYM ha realizado las entrevistas telefónicas entre el 20 y el 21 de marzo, una semana después de que la portavoz de Bildu calificara como «muertes políticas» los 857 asesinatos de la banda terrorista ETA, a los que ABC dedicó ayer su portada después de que el portavoz del PP en el Parlamento vasco, Antonio Basagoiti, leyera sus nombres en la cámara autonómica como respuesta a la provocación de Mintegi. No sólo el PP afeó la conducta de los abertzales, que también han recibido críticas de los socialistas vascos y del PNV.

Además, la fiscalía está investigando las palabras de Laura Mintegui por si fueran constitutivas de un delito de enaltecimiento del terrorismo.

El amplio muestreo del Instituto DYM, más de 400 entrevistas telefónicas a personas de todas las tendencias políticas, confirma que los españoles apoyan con rotundidad que los asesinos de ETA no salgan libres antes de tiempo. El 83 por ciento de los encuestados responden sí a que los presos condenados por delitos terroristas cumplan íntegramente sus penas.

Sólo seis de cada de cien españoles son partidarios de que los etarras puedan disfrutar de beneficios penitenciarios.

La encuesta también ha incluido una pregunta sobre la cadena perpetua, que ni la Constitución ni el Código Penal contemplan, pero que encuentra apoyos entre la ciudadanía. Algo más de la mitad de los españoles, el 52 por ciento, aprueban que se implante en nuestro; menos de un tercio, el 29 por ciento, desaprueba la cadena perpetua; y dos de cada diez encuestados no se pronuncian.

Al igual que en preguntas anteriores, al eliminar del resultado a los encuestados que no han contestado, la distancia entre el sí y el no se acrecienta: una clara mayoría, el 64 por ciento de los que opinan, se decanta por instaurar la cadena perpetua por un 36 por ciento que votaría no.

Diecisiete jueces de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo determinarán en un plazo de entre ocho y diez meses si ratifican o no la sentencia de ese tribunal que anuló en primera instancia la aplicación de la doctrina Parot.

Gracias a una sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2006 sobre un recurso del etarra Henri Parot, España aplica los beneficios penitenciarios individualmente a cada una de las condenas que tiene el preso, en lugar de hacerlo sólo sobre el máximo legal. La diferencia es que si se aplican los beneficios sobre los 30 años de máximo cumplimiento, el etarra sale mucho antes que si se hace sobre las distintas condenas que tiene y que pueden sumar cientos o miles de años.

Gracias a la doctrina Parot, en los casos de los mayores criminales, los beneficios penitenciarios que se aplican nunca llegan a reducir el máximo de treinta años de cárcel.

Pero Estrasburgo sentenció el 10 de julio de 2012 que la doctrina Parot, refrendada por el Tribunal Constitucional, viola dos artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos. Por ello, este tribunal instaba al gobierno español a poner en libertad a la etarra Inés del Río, condenada a más 3.000 años de cárcel por varios atentados terroristas y que, según Estrasburgo, tendría que haber quedado libre tras sólo dieciocho años de cárcel.

Si la Gran Sala ratifica esta sentencia, unos 50 etarras saldrían libres, acompañados por otros asesinos y violadores, como Miguel Ricart, condenado por los crímenes de las niñas de Alcàsser.

Las víctimas confían en que los magistrados rechacen la anulación de la doctrina Parot, que se limita a la aplicación de los beneficios penitenciarios, una competencia de la política penitenciaria de cada país.