La Abogacía del Estado defiende la «doctrina Parot»: «¿Es igual un asesinato que 132?»

El abogado del Estado Isaac Salama ha defendido ante los 17 jueces que integran la Gran Sala del Tribunal Europeo de Estrasburgo que el derecho español desde 1970 deja de forma «bien clara» que la redención de penas por trabajo es «exclusivamente» para permitir el «adelantamiento» de su puesta en libertad y ha dejado claro que en el caso de Inés del Rio su condena «no se ha prolongado ni un sólo día la pena impuesta a la demandante» ni tampoco «el límite» de cumplimiento de la pena, de un máximo de 30 años.

Salama ha dejado claro que si España hubiera aplicado de forma retroactiva la «doctrina Parot» a la miembro de ETA habría tenido que cumplir el «máximo de 40 años» de pena que fija el actual Cógido Penal y no sobre los 30 que debe cumplir y ha reclamado al tribunal que revoque la sentencia de la Tercera Sección del tribunal que el 10 de julio condenó a España por vulnerar los artículo 7 y 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Una vez concluida la sesión única, la representación de las víctimas del terrorismo ha expresado su optimismo acerca de la decisión que puedan adoptar los magistrados, en una sentencia que podría darse a conocer dentro de unos meses. «Salgo más esperanzada que cuando he llegado», ha manifestado la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, que ha estado acompañada por la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, y el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero. tras concluir la vista en la que los magistrados del Tribunal de Estrasburgo han escuchado los argumentos de las partes. Ángeles pedraza ha calificado de «brillante» la intervención del abogado del Estado Isaac Salama. Los tres representantes de las víctimas han entregado en el Tribunal de Estrasburgo las 10.000 firmas recogidas en España a favor de la aplicación de la «doctrina Parot».

Por su parte, Didier Rouget, uno de los abogados de la miembro de ETA que presentó la demanda en 2009, se ha mostrado también optimista ante el fallo que en unos meses emitirá la Gran Sala de la Corte Europea, después de que la sentencia de Sala fallara el pasado mes de julio a su favor. Su compañera en la defensa, la dirigente de Sortu Amaia Izko, ha asegurado que estaba en juego la aplicación de los derechos humanos y «la calidad del Estado español, que retuerce las leyes para conseguir objetivos políticos castigando a las presas y presos vascos».