El fin de la doctrina Parot dejaría en seis años la pena por asesinato

De ellos, 54 son etarras; 7 terroristas de los Grapo; uno del Ejército Guerrillero del Pueblo Gallego y otro de los GAL, además de otra serie de delincuentes muy peligrosos. La excarcelación no es automática, ya que los reos afectados deben presentar ante Estrasburgo el correspondiente recurso, como ya han hecho una treintena de etarras tras el pistoletazo de salida de Inés del Río.

De esta lista, según el cálculo realizado por ABC, quienes mataron con premeditación y alevosía pagarían cada asesinato con tan solo 6 años de cárcel , si finalmente la derogación de la «doctrina Parot» supone para ellos un atajo. Con todo, se trata de un cálculo benévolo, ya que solo se han tenidio en cuenta los asesinatos de los que han sido autores materiales.

Menos de un año de prisión por asesinato

Pero, además, sobre todo en el caso de los etarras, colaboraron en atentados en los que hubo víctimas mortales, además de participar en secuestros, robos, depósito de explosivos... En el caso concreto de Inés del Río, la media bajaría, ya que a la expistolera del «comando Madrid», si recuperara ahora la libertad, saldaría cada asesinato con menos de un año de prisión.

Las víctimas del terrorismo critican la posible derogación de la doctrina Parot Mientras el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha advertido de que la excarcelación de estos reclusos provocaría una gran alarma social, las víctimas del terrorismo van más lejos y creen que traería consigo un «grave problema de seguridad». Máxime si se tiene en cuenta que entre los beneficioarios figuran narcotraficantes o violadores que, como se ha comprobado en no pocas ocasiones, son reincidentes.

Esta circunstancia desbarata los argumentos que en los últimos días han esgrimido, no solo la «izquierda abertzale», sino determinados representantes de la judicatura del País Vasco, que piden la derogación de la «doctrina Parot». Tratan de hacer creer a la opinión pública que se trata de una medida antiterrorista del Gobierno, por el mero hecho de tomar el nombre de «Parot», cuando es un criterio en manos de los tribunales para una aplicación más justa de las condenas.

Cuando en primer instancia Estrasburgo falló a favor de Inés del Río, argumentó que no se puede adoptar una medida con carácter retroactivo. Sin embargo, la «doctrina Parot» no es una ley, sino un criterio judicial para aplicar las condenas . Y el propio Tribunal de Derechos Humanos ya ha reconocido en sentencias anteriores que esa aplicación de la pena corresponde a cada Estado miembro de la UE.

En cualquier caso, los veredictos del Tribunal de Estrasburgo no anulan las sentencias ni derogan las leyes, en este caso de España. Pretenden corregir la aplicación efectiva de esas condenas. No son vinculantes, aunque los estados firmantes del convenio de Derechos Humanos se ven obligados a cumplir sus decisiones.