Un combate dialéctico contra la corrupción

Entre una declaración y otra hay más de seis años de diferencia. La primera la pronunció Mariano Rajoy en 2006, cuando estaba al frente de la oposición. La segunda es de Alfredo Pérez Rubalcaba, a finales de enero. El presidente del Gobierno había propuesto días antes un pacto contra la corrupción .

PP y PSOE se afanan estos días en demostrar quién de los dos se «desnuda» más ante la opinión pública, pero tienen suspendidas las conversaciones para pactar la ley de transparencia. Este instrumento, que finalmente incluirá a los partidos políticos , es un primer paso en la lucha contra las prácticas irregulares, según los expertos .

Transparencia es la palabra que más repiten los dirigentes populares.

«El PP ha hecho un ejercicio de transparencia muy importante. Ha hecho pública toda su contabilidad y el presidente del Gobierno ha publicado sus declaraciones de la renta y del patrimonio: pido a los demás líderes que hagan lo mismo», declara la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Rajoy presume de que su partido es el único que ha tomado medidas contra la corrupción. El PP no solo ha publicado sus cuentas, sino que ha impulsado auditorías internas y externas. En los próximos días, la secretaria general, los tres vicesecretarios, los coordinadores de área y los secretarios ejecutivos harán también harán públicas sus declaraciones de la renta y patrimonio.

Rajoy no está dispuesto a aceptar lecciones de los socialistas.

Lecciones de Rubalcaba, que tras insistir durante semanas que sus alternativas pasan por «dar transparencia» a la vida pública al fin se ha decidido a hacer públicas sus declaraciones de IRPF . El PSOE no quiere pactos; tiene sus propias ideas: «Hombres de negro que puedan entrar un día en tu despacho, sin avisar, y preguntar qué hace usted de la mañana a la noche».

Son cuatro medidas las que ha planteado el PSOE. Además de la creación de una Oficina Anticorrupción , Rubalcaba aboga por que la Audiencia Nacional lleve en «todos los casos» los casos de corrupción, que las empresas implicadas en prácticas irregulares «no puedan contratar con la administración mientras dure la sentencia» y que no puedan dar dinero a los partidos «ni de forma privada ni pública».

IU y UPyD tampoco quieren entrar en el pacto que propone el PP. Cayo Lara no quiere «lavar la cara» al Gobierno y Rosa Díez dice que es un «engañabobos». Han hecho públicas sendas listas con propuestas.

La Izquierda Plural ha presentado un «Plan Integral de lucha contra la corrupción» para su debate en el Congreso que incluye 41 medidas. Piden modificar el Código Penal para ampliar los tipos penales, endurecer las penas y ampliar los años de inhabilitación. También ven conveniente dotar de más medios para la lucha contra el fraude, así como la creación de un registro de tenedores de billetes de 500 euros y prohibir que las entidades bancarias españolas tengan filiales en paraísos fiscales.

La proposición no de ley se completa con un mayor control de los procesos de contratación de las administraciones públicas, reformar la ley de incompatibilidades de los cargos públicos y prohibir las donaciones anónimas a los partidos y las fundaciones que dependen de estos.

UPyD llama «Manifiesto por la regeneración de la democracia y la refundación del Estado» a su documento. Son seis puntos en los que solicitan el delito de financiación ilegal de los partidos políticos, de enriquecimiento ilícito de los cargos públicos y de omisión o falsedad de la contabilidad. Asimismo, exigen que la ley de transparencia incluya a cualquier institución que reciba ayudas públicas y que se regule la actividad de los grupos de presión.

La formación magenta pide un «pacto de legislatura» que se apruebe por «vía de urgencia», pero dan la espalda al PP.

En Cataluña, Artur Mas asegura que la corrupción perjudica el avance del «derecho a decidir» . El presidente de la Generalitat no lanza manifiestos; convoca cumbres que recuperan viejas promesas.

En un esfuerzo por lavar la imagen de su formación, muy castigada en las últimas fechas por los casos de corrupción, reunió a varias instituciones encargadas de controlar la acción pública. En su primer encuentro, resolvieron recuperar un acuerdo que firmaron todos los partidos con representación parlamentaria en 2001: reducir el gasto y hacer públicas sus cuentas en periodo electoral.

Un político, según Mas, no debe renunciar a su cargo hasta que sea condenada. La imputación no es suficiente.