El Poder Judicial, dividido ante la reforma penal de Gallardón

La custodia de seguridad tampoco pasó el «filtro» del CGPJ y dieciséis vocales votaron que se trata de una medida contraria a la Carta Magna. El informe de esta institución no es vinculante para el Gobierno.

La complejidad de la reforma, dada su amplitud, y la disparidad interna de criterios en el seno del Pleno llevó a los vocales a votar por separado los puntos más controvertidos del informe que la Comisión de Estudios aprobó en el mes de diciembre. Sobre la mesa del Pleno también estaba el voto particular redactado entonces por los vocales Antonio Dorado y Concepción Espejel y varias enmiendas formuladas por otros miembros del CGPJ.

El Pleno acogió por mayoría la tesis defendida en el citado voto particular en lo referente a la compatibilidad de la prisión permanente revisable con la reinserción social del reo. De hecho, el informe señala que esta nueva pena de prisión «no excluye la aplicación a los condenados de las medidas previstas por la legislación penitenciaria para favorecer su reinserción social». Los seis vocales que no comparten esta opinión (Margarita Robles, Margarita Uria, Carles Cruz, Felix Azón, Ramón Camp e Inmaculada Montalbán) redactarán un voto particular.

No ocurrió lo mismo con los principios de legalidad y de seguridad jurídica. Diecinueve de los veintiún vocales creen que la manera en que la prisión permanente revisable queda plasmada en la reforma vulnera el artículo 25.1 de la Constitución. Según la doctrina, este precepto exige que las normas punitivas del Estado permitan a los ciudadanos conocer qué conductas pueden ser sancionadas y en qué grado. Y la prisión permanente revisable ni se incluye en el catálogo general de penas («dando así a entender que se trata de una simple pena grave superior a cinco años», indica el informe aprobado ayer) ni queda definida en ningún punto del articulado. Dorado y Espejel no apoyaron esta tesis.