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Gallardón defiende las tasas judiciales porque «van a garantizar más la justicia gratuita»

El presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, afirma que la ley es «difícilmente explicable»

Día 23/11/2012 - 18.00h

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido la constitucionalidad del aumento de las tasas judiciales, y los beneficios que supondrá para la justicia gratuita frente a las críticas de quienes -ha dicho- quieran mantener «el antiguo régimen».

El ministro se ha pronunciado así tras la presentación en la Casa Sefarad-Israel de la instrucción que regulará la concesión de nacionalidad a los sefardíes por carta de naturaleza, a la que también ha asistido el titular de Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo.

«Entiendo y respeto a los que quieren continuar en el régimen vigente pero nosotros no estamos dispuestos a tener esa actitud conservadora», ha dicho Gallardón tras asegurar que pese a las críticas recibidas, el Ejecutivo va a cumplir su compromiso de hacer de la Justicia un servicio más eficiente que ayude a aumentar la competitividad, la inversión y la creación de empleo.

El ministro de Justicia ha asegurado que la ley de tasas judiciales, que supone pagar entre 50 y 750 euros para recurrir ante los Tribunales, es un primer paso «que va a garantizar más la justicia gratuita» y permitir que quienes no tengan recursos puedan acudir a los tribunales, además de ayudar a desatascar los juzgados.

Ruiz-Gallardón ha garantizado que, en contra de las razones que ha dado el PSOE para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la norma, la ley de tasas lo que hace es ampliar los beneficios de la justicia gratuita, ya que serán más los españoles sin recursos que podrán acudir a ella.

«Difícilmente explicable»

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, ha afirmado en Murcia que la ley de tasas es «difícilmente explicable», pero, según ha dicho, los jueces están «obligados a cumplirla y a hacerla cumplir porque se trata de una norma aprobada por las Cortes».

Moliner, que prefiere no entrar en «vericuetos excesivos» a la hora de opinar sobre este asunto, se ha remitido a la opinión crítica que el CGPJ aprobó cuando la ley estaba en fase de redacción, y ha añadido que la ley puede «tener algún aspecto positivo si contribuye a reducir la litigiosidad», aunque ha matizado que «si se ve afectada la tutela judicial al no poder acceder a la justicia todos los ciudadanos, eso sí sería preocupante».

La asociación de Jueces para la Democracia (JpD), por su parte, ha denunciado los «lamentables efectos» que ha provocado en los tribunales la «confusión y la improvisación» que ha rodeado la entrada en vigor de la ley de tasas judiciales. El portavoz de JpD, Joaquim Bosch, ha declarado que la «prisa» no ha venido motivada porque las tasas se aplicaran en noviembre o diciembre, sino porque «si no lo aprobaban ahora, no podía entrar en vigor la supresión de la paga extra».

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