Un "riders" de Deliveroo trabajando en Madrid - MAYA BALANYA / Vídeo: Precarios sobre dos ruedas

La Inspección dinamita el marco laboral de las plataformas de reparto de comida

Exige a Deliveroo 160.000 euros por cuotas impagadas de sus empleados en Valencia y hay actas abiertas en Madrid, Zaragoza y Barcelona

MADRIDActualizado:

Joven montado en bicicleta o moto con una mochila en la que se lee Deliveroo, Glovo o Uber Eats. Es un paisaje cada vez más frecuente en las grandes ciudades. Los nuevos hábitos de consumo han hecho que surjan nuevos negocios como el reparto de comida a domicilio, que junto a las plataformas de vehículos compartidos han irrumpido con fuerza en España. Los nuevos trabajos de la denominada «economía bajo demanda» están unidos por una estructura laboral que está siendo fuertemente cuestionada y en la diana de la Inspección de Trabajo.

Los inspectores siguen con atención los pasos de las empresas de reparto a domicilio tras el aluvión de denuncias sobre la supuesta explotación laboral de sus trabajadores. Estos fueron el pasado verano a la huelga para reclamar que se les garantizaran al menos 20 horas semanales de trabajo con dos pedidos por hora. ¿El objetivo? el reconocimiento de una relación laboral ahora negada por las compañías, que los consideran autónomos.

Con esta estructura de trabajo, las empresas evitan dar de alta en la Seguridad Social a sus empleados —les obligan a darse de alta como autónomos—,  y con ello esquivan el pago, como cualquier otra empresa, de las cotizaciones al régimen general, el de los asalariados. Es el «riders» como autónomo el que tiene que cumplir con la Seguridad Social. Pero ahora la Inspección ha levantado varias actas de liquidación y determinado que estos trabajadores son «falsos autónomos», al menos en una de las empresas: Deliveroo. Que de oficio actúe sobre el resto (Glovo, UberEats..) es cuestión de tiempo. Por el momento, hay actividades de la inspección abiertas en Madrid, Zaragoza y Barcelona. En Valencia la Inspección ya ha dictaminado que la empresa debe pagar en concepto de cuotas dejadas de abonar a la Seguridad Social 160.000 euros.

Las actas de liquidación a las que ha tenido acceso ABC, fueron levantadas por la Inspección a Deliveroo en Valencia y Madrid en septiembre de 2016 y junio de 2017, respectivamente.

En el primero de los casos están afectados 160 empleados; en el segundo, unos 530. En este último caso, el de Madrid, los inspectores aún no ha determinado las cuantías que debe abonar la compañía en concepto de cotizaciones impagadas porque están en proceso de alegaciones. La empresa ha recurrido.

En las actas abiertas en Valencia y Madrid los inspectores demuestran paso a paso que estos empleados no son autónomos y que tienen una relación laboral con la empresa. Así, enumeran toda una serie de «indicios» que confirman este vínculo laboral. Para la Inspección, la relación es laboral porque concurren tres circunstancias clave. Una es la dependencia que tiene el trabajador de la empresa para organizar su trabajo. Deliveroo es la que autoriza el cambio de turno de los motoristas, establece el día, la franja horaria y la zona establecida en la que el «riders» tiene que estar para empezar su jornada. «La empresa emite comunicaciones dirigidas a todo el colectivo indistintamente, lo que revela una centralización y control de los flujos de información a través de herramientas cuyo control es exclusivo de la empresa (staffomatic, telegram, etc..)», agregan.

Otro de los indicios de que la relación es laboral existe estriba en que es la empresa la que fija unilateralmente la retribución y es ella quien aporta «toda la infraestructura» sustancial de la propia actividad: «Medios materiales y humanos, incluida la propia aplicación informática, elemento nuclear de la relación, la relación con los restaurantes y clientes y todo el soporte preciso», precisa.

Plataforma digital y pedidos

Dice que «la exigencia de un móvil y de conexión a internet ya supone una forma de organización de la prestación del servicio impuesto al repartidor, que, por lo tanto, no tiene libertad para decidir como ejecutarla, lo que es contrario a la supuesta autonomía», relatan en las actas de liquidación. Recuerdan que el «riders» tiene que «instalar en su teléfono la plataforma digital (aplicación Deliveroo) a través de la cual recibe los pedidos que tiene que atender, comunican su presencia en el lugar y horario concretado por la empresa para iniciar la actividad». Relatan los inspectores que a través de esa aplicación móvil la empresa «supervisa y realiza un control de todo el procedimiento: asignación del pedido, aceptación de este, desplazamiento al restaurante y entrega al consumidor».

Según la Inspección Deliveroo utiliza también el poder sancionador «típico de las relaciones laborales» cuando desea finalizar la colaboración con el repartidor, cuando estima que el desempeño no es el idóneo. Además, afirma que incorpora «conceptos inherentes a las relaciones laborales» como gastos de combustible o propinas.

Sobre la forma de pago que aduce para demostrar que son «falsos autónomos» señala que la empresa decide dos pagos cada mes, que es la empresa la que elabora las facturas y que es el mismo formato para todos los empleados. Además, prosigue, Deliveroo se hace responsable de cualquier incidencia del pedido frente consumidor y al repartidor se le abona igual.

La Inspección de Trabajo fue el primero en intentar desmontar unas relaciones laborales que considera irregulares, pero los sindicatos también están siguiendo el mismo camino. En diciembre UGT presentó una demanda contra Deliveroo, Glovo, Uber Eats y Stuart por el modelo de relación laboral establecido con sus repartidores. UGT también pretende demostrar el vínculo laboral con sus trabajadores. «Las empresas les dan la infraestructura necesaria para poder realizar el trabajo, les imparten formación previa, llevan la imagen de la compañía y les prohíben hablar con los proveedores», decía el sindicado en su denuncia.