Deuda sí, deuda no

Porque la tormenta económica ha dejado tras de sí un regalo envenenado: España tiene un apalancamiento público y privado (empresas no financieras y hogares) del 279,3% del Producto Interior Bruto, treinta puntos superior al existente en 2008. Esta montaña de facturas se repite en otros países europeos como Irlanda (416%), Grecia (316,5%), Francia (267,4%) o Italia (248,7%), según Eurostat con datos de 2013

En el caso de España, el aumento del apalancamiento se explica, sobre todo, por el alza de la deuda pública, que ha pasado del 39,4% de 2008 al 92,1%, debido al mayor déficit público y por el rescate de bancos y empresas que ha tenido que afrontar el Estado en algunos casos.

Frente al comportamiento de la Administración, las empresas han reducido su endeudamiento desde el 133% del PIB que registraban en 2010 al 112% en 2013. Un fenómeno parecido ha ocurrido del lado de hogares y familias, que han rebajado la deuda pendiente (en su mayor parte, hipotecaria) del 81,9% del PIB en 2008 al 75,2% este año. Del lado de las empresas, el propio Gobierno aprobó el pasado mes de septiembre una nueva ley concursal para facilitar las reestructuraciones de deuda de empresas viables, que en el caso de las facturas pendientes con Hacienda y la Seguridad Social podrán llegar a quitas de más del 50%, una reclamación del propio Fondo Monetario Internacional (FMI).

En otro plano figura la deuda de los bancos, que en España supone el 94,4% del PIB, un nivel parecido al de Francia o Italia, pero que en Irlanda llega hasta el 545% de su economía.

Ante este escenario, algunos economistas proponen reestructurar la deuda y aplicar quitas. Las soluciones, eso sí, son divergentes. Por ejemplo, el catedrático de la Universidad de Harvard, Kenneth Rogoff, y la investigadora del Peterson Institute, Carmen Reinhart, publicaron hace unos meses un informe en el FMI donde rechazaban mutualizar la deuda europea pero defendían las reestructuraciones en Portugal, Grecia y Chipre, y a un nivel menor, en España, Irlanda, Italia y Eslovenia.

De lo contrario, abogan por un aumento de la inflación, que diluiría el peso de las deudas sobre la economía. Al subir los precios, también se produce un aumento artificial de la economía, por lo que el peso de las deudas sobre el PIB, se reduce.

La cuestión es si el crecimiento futuro de las economías podrá sustentar el pago de la deuda adquirida en época de burbujas y, al revés, si los intereses cobrados no drenarán cualquier posibilidad de recuperación. Por ejemplo, en el caso de la deuda pública española, el Gobierno prevé destinar el año que viene 35.490 millones al pago de intereses, en torno a un 3,5% del PIB.

El economista y autor de «La madre de todas las batallas», Daniel Lacalle, apunta que España tiene mucha deuda, pero que el pago de intereses es hasta tres veces menor «del nivel que las agencias de calificación considerarían cercano a la insolvencia».

El catedrático de la Universidad de Pekín, Michael Pettis, avisaba en un artículo publicado hace dos semanas en ABC Empresa , que «mientras la deuda siga creciendo más rápido que el PIB en toda Europa», el peligro está garantizado, ya que se pone en duda la capacidad del BCE de actuar.

«Cualquier crecimiento de la deuda que no vaya acompañado de un crecimiento de las rentas está condenado al fracaso», apunta al respecto Juan Laborda, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y la Universidad Carlos III, citando al catedrático de la Universidad de Chicago, Amir Sufi. Precisamente, Sufi aboga junto a su colega de la Universidad de Princeton, Atif Mian en el libro «House of debt» por quitas de deuda privada. Laborda reivindica un mayor papel del BCE, para prestar directamente a empresas y hogares.

Frente a teorías, Lacalle recuerda experiencias. «Las consecuencias para Grecia de aprobar una quita de su deuda en 2011 fueron un desastre. La prima de riesgo se disparó y la reestructuración secó aún más la capacidad de dar crédito de la economía helena. En España o en cualquier otro país europeo, incluso si se hace en varios, ocurriría lo mismo. Golpearía a los bancos y a la credibilidad de los inversores extranjeros, que ahora estamos recuperando. Y encima habría un efecto dominó de quiebras de empresas viables, que de repente se encontrarían con activos de riesgo. Todo esto está siendo peligrosamente ignorado por los defensores de estas soluciones mágicas», sentencia Lacalle.